Por Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera
La decisión de la Corte Suprema de hacer lugar al reclamo de Luis Juez, de JxC, para ocupar uno de los lugares que corresponden al Senado en el Consejo de la Magistratura, ha desatado una crisis política. Ese lugar fue adjudicado por Cristina Fernández al kirchnerista Martín Doñate, mediante una maniobra que la Corte caracteriza de “mala fe”. Se refiere al desdoblamiento del bloque de senadores oficialista entre el FdT y Unidad Ciudadana, que tuvo la finalidad expresa crear una segunda minoría parlamentaria oficial que habilitara designar a un representante adicional del kirchnerismo en ese Consejo.
Para el kirchnerismo, como es obvio, la sentencia constituye una injerencia del Poder Judicial en el Legislativo, y configura “un choque de poderes”. Aunque el plazo del mandato en el Consejo vence dentro de diez días, la intención de la Corte sería, según La Nación, hacer prevalecer el fallo para la nueva composición del organismo para el período 2022/6.
Algunos comentaristas vislumbran que el enfrentamiento podría derivar en un pedido de juicio político, por parte de la Corte, contra Cristina Kirchner, la presidenta del Senado. El núcleo de la crisis que se ha abierto es precisamente este. Aunque no hay mayoría para consumarlo, salvo defecciones en el FdT, ese juicio ocuparía un lugar central en la campaña electoral que debería tener lugar a partir de mediados del años que viene. Para CFK, el cumplimiento del fallo sería una pérdida de autoridad política. Aunque el español Felipe González perora, en su visita a Argentina, a favor de la “unidad”, el régimen político local no hace más que disgregarse.
El fracaso de la tentativa de Macri y de Bullrich para disuadir a Juez de la presentación del recurso ante el Poder Judicial, simplemente confirma la profundidad de una crisis política que no puede evitar que se filtre por los márgenes o las costuras del sistema.
El “affaire” Juez es el último episodio de este choque. En abril pasado, la Corte declaró inconstitucional una ley de 2006 que había reducido la composición del Consejo de la Magistratura a 13 miembros con primacía del Ejecutivo y el Legislativo. Se tomó 16 años para adoptar esta decisión, mientras siguen en pie numerosos decretos-leyes de la última dictadura. Estableció que los representantes debían ser 20 y el presidente, el titular de la misma Corte. Para consumar todo esto, la Corte tuvo que declarar la validez de las resoluciones votadas por el Consejo durante su período inconstitucional. El conjunto de estas medidas dejó claro el propósito de la Corte de tomar el control de todo el aparato de Justicia. Pasó por alto su propia inconstitucionalidad, pues ese Consejo fue establecido en la reforma de la Constitución de 1994 para supervisar el funcionamiento del Poder Judicial. La inconstiucionalidad de las decisiones de la Corte debe esperar a que ocurra una cambio de Corte.
La crisis de los regímenes políticos ha convertido al Poder Judicial y más precisamente a las Cortes en árbitros del sistema. Ocurre, manifiestamente, en EEUU, donde la Corte Suprema ha fallado a favor del aborto, en 1973, ante la falta de disposiciones legales y constitucionales, y ahora, una Corte claramente derechista, lo ha hecho en contra, en el marco de ese vacío institucional. En las elecciones del martes pasado, este derecho fue incorporado a la Constitución de varios estados, por medio de referendos. La Corte norteamericana ha dado a conocer una agenda de abolición de derechos ciudadanos, que se encargará de provocar protestas de masas y rebeliones.
El caso de Brasil es más grotesco, porque avaló un golpe de Estado cuando el mando militar exigió al Congreso la destitución de Dilma Rousseff. Luego condenó a prisión a Lula sin pruebas concluyentes, bajo la presión militar, para liberarlo un año y medio más tarde con pretextos procesales, debido a la necesidad de contener a Bolsonaro por medio de un desafío electoral. Desde la “operación Lava Jato” en adelante, el protagonismo del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sido excluyente.
En el caso de Argentina, no hay un solo medio de prensa que no abunde acerca del papel de los operadores políticos y empresariales en el Poder Judicial, y en especial en Comodoro Py, donde reside la Justicia Federal. En resumen, la división de poderes y el estado de derecho son un mito. Los argumentos judiciales encubren choques de carácter político y empresarial.
El agotamiento grotesco de la democracia sirve de combustible demagógico para la campaña de la extrema derecha y el fascismo para destruir las libertades públicas. La desigualdad social creciente, por un lado, y la quiebra del edificio económico del capitalismo con crisis financieras y sociales en ascenso, por el otro, minan las bases de la democracia capitalista.
En Argentina, el default económico y político han creado una crisis de poder que tiene sobre ascuas a la clase dominante. Las operaciones del Poder Judicial y la insostenible división de poderes son la expresión de esta crisis, pero son, por sobre todo, armas políticas para rescatar al estado del naufragio y devolverle la plenitud de su poder para contener, enchalecar y reprimir la rebelión de los trabajadores.
