Por Miguel Saredi (*)
La seguridad no puede seguir dependiendo de una estructura burocrática centralizada que, lejos de resolver los problemas, los profundiza. Es momento de avanzar hacia un modelo que le otorgue a los municipios el control sobre sus propias fuerzas de seguridad.
En las últimas décadas, los municipios argentinos asumieron un rol clave en seguridad debido al colapso de los actores tradicionales y a la creciente demanda ciudadana. Desde los años 90, se crearon áreas específicas de seguridad, se asignaron hasta el 10% de los presupuestos municipales y se implementaron políticas situacionales ambientales, como videovigilancia, móviles policiales, centros de monitoreo, guardias urbanas y mejoras en el espacio público (desmalezado e iluminación) para prevenir el delito de manera reactiva.
Sin embargo, sigue siendo insuficiente la inversión en políticas preventivas sociales que aborden las causas estructurales del delito. Más allá de las medidas ambientales, es crucial promover programas como «Comunidades Vulnerables», que buscan reducir la reincidencia juvenil mediante educación, microemprendimientos y oportunidades reales para que los jóvenes no vuelvan a delinquir.
Más allá de los constantes esfuerzos, los intendentes son quienes reciben los reclamos de los vecinos. Son ellos quienes deben dar la cara cuando el delito golpea a una familia, cuando un comerciante es asaltado o cuando un barrio entero vive bajo la amenaza del narcotráfico. Sin embargo, pese a esta responsabilidad política y social, los gobiernos locales carecen de herramientas reales para hacer frente a la crisis de seguridad. La transferencia de las fuerzas de seguridad a los municipios no solo es una opción viable, sino una necesidad ineludible.
¿Cuáles son las razones para hacerlo? Primero, los municipios tienen una ventaja clave sobre la estructura centralizada de la provincia: la proximidad con el ciudadano. Ningún gobierno provincial, por bien intencionado que sea, puede conocer con la misma profundidad las problemáticas específicas de cada barrio como lo hace un gobierno municipal. La transferencia de las fuerzas de seguridad permitiría una gestión más eficiente, ajustada a las necesidades concretas de cada distrito, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando la eficacia en la prevención y resolución de delitos.
Segunda razón: la autonomía permitiría una mejor planificación. La descentralización permitiría a los municipios diseñar estrategias de seguridad adaptadas a sus realidades locales. En lugar de esperar decisiones que se toman en despachos alejados, los intendentes podrían implementar medidas concretas, gestionar recursos de manera eficiente y establecer prioridades según las necesidades de sus vecinos.
Tercero: distintos ejemplos internacionales demuestran que este modelo funciona. En países como Estados Unidos, España y Colombia, los cuerpos de seguridad municipales han demostrado ser más efectivos en la prevención y resolución de delitos. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el sistema BESCAM financia policías locales con criterios técnicos, asegurando presencia policial en municipios con menos recursos. Modelos como este podrían replicarse en la provincia de Buenos Aires para garantizar una distribución equitativa y eficiente de las fuerzas de seguridad.
Cuarta razón: necesitamos despolitizar la seguridad. Uno de los mayores problemas del actual esquema centralizado es la politización de la seguridad. Las decisiones en materia de seguridad no pueden seguir dependiendo de disputas partidarias. Los municipios necesitan poder actuar con rapidez y eficacia, sin estar atados a cambios de gestión que muchas veces paralizan las acciones de seguridad en el territorio. Es hora de retomar ese debate y avanzar con una propuesta superadora que garantice autonomía y eficacia en la lucha contra el delito.
Desde la creación del Consejo Municipal de Seguridad, hemos insistido en la necesidad de que el intendente tenga un rol protagónico en la gestión de la seguridad local. Aunque hoy no sea una competencia formal de los municipios, la realidad nos obliga a actuar. Es fundamental que los gobiernos locales tengan la capacidad de tomar decisiones concretas, movilizar recursos y coordinar acciones con las fuerzas de seguridad.
La inseguridad no espera. Mientras seguimos discutiendo competencias, los vecinos siguen siendo víctimas de la violencia, el narcotráfico y la delincuencia. La transferencia de las fuerzas de seguridad a los municipios es un paso fundamental para construir un sistema más eficiente, cercano a la gente y libre de intereses partidarios. Es hora de actuar con determinación y dar a los municipios el poder que necesitan para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
(*) Abogado, especialista en seguridad
