Todos quieren ser eternos. Los gobernantes con vocación de «Highlander, el inmortal», abundan en la historia política argentina. En el fondo, de eso se trata la polémica sobre la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan. El intento de forzar la Constitución con interpretaciones, ardides y trampas para quedarse como sea en el poder.
El mal es tan, tan generalizado, que casi pasa por la norma y no por la excepción. Al punto de que el espacio político afectado se queja porque la Corte hizo su trabajo, que es interpretar si se cumple o no con la Constitución.
¿El problema es el fallo de la Corte o candidaturas que chocan con la Constitución? Los gobernadores Manzur y Uñac sabían que estaban flojos de papeles y se presentaron en adelantados calendarios electorales, apostando a que el poco tiempo jugaría a su favor, y si pasa, pasa. De hecho, todavía tienen la chance de que la Corte diga que sus postulaciones son válidas, aunque basta leer los textos de las constituciones de sus provincias para que se note mucho que están haciéndolas de goma.
Esa es otra curiosidad de estas épocas: explicar que la Constitución Nacional no es opcional, no es abstracta, no es un florero olvidado sobre el aparador de la abuela, sino que está por encima de todos nosotros. O sea, que nadie, está por encima de ella. Mucho menos el Presidente, aunque lo olvide demasiado a menudo e incluso por cadena nacional, a pesar de ser profesor de derecho e hijo de un juez. Hoy al criticar un fallo de la Corte e inmiscuirse en el terreno de otro poder, Alberto Fernández violó expresamente la prohibición que le impone el artículo 109 de la Constitución Nacional: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. Pero él lo hizo igual.
Alberto Fernández contra la Corte: incluirá la suspensión de las elecciones en el juicio político
Ayer, en su ponencia en AmCham, el Presidente de la Corte, Horacio Rosatti, recordó que la Constitución tiene supremacía y, si no les gusta, deberán cambiarla; pero, mientras tanto, está por encima de todos nosotros. También en ese discurso afirmó críptico que los miembros de la Corte no están para hacer amigos.
Es insoslayable que este episodio se enmarca también en medio de la tensión reinante entre el kirchnerismo y la Justicia, contra la que lleva adelante una cruzada encarnizada, ya que la Corte es el destino final de todas las causas que involucran a Cristina Kirchner.
En el modelo que el kirchnerismo anhela, la Justicia debe estar sujeta al Poder Ejecutivo y debe imperar el voto mayoritario como regulador del poder, y no la ley bajo arbitrio de un tribunal independiente. Como en su momento no pudieron cambiar la Constitución, intentan arrinconar políticamente a ese otro poder de la República que detestan porque les pone límites. Pero, aunque el Gobierno busque llevar esta polémica al centro de su propia guerra contra la Corte, el problema en Tucumán y San Juan tiene que ver con un vicio que no es novedoso.
La lujuria política de atornillarse en el poder es uno de los pecados capitales más extendido en nuestra política. En los tiempos en que Carlos Menem buscaba forzar la letra constitucional para obtener la re-re, el gran Hermenegildo Sabat popularizó su caricatura aferrado al sillón de Rivadavia, hasta tal punto que lo llevaba puesto a todas partes. «El sillón es mío, mío, mío», decía un humorista. Más tarde, ya en la era K, la dirigente Diana Conti iba a acuñar el famoso “Cristina Eterna”, que no requiere mayores explicaciones.
Hay una pila de antecedentes sobre la intervención de la Corte en elecciones y reelecciones provinciales cuando las decisiones políticas colisionaron con la Constitución provincial, ya que la competencia originaria para resolver en esos conflictos le corresponde al máximo tribunal, según el artículo 117 de la Constitución, que es la ley suprema a la que deben ajustarse las provincias. El Máximo Tribunal en sus fallos de ayer también refiere casos como el de Río Negro, donde hizo referencia a “la virtud republicana de desalentar la perpetuación en el poder al darle sentido a la noción de periodicidad de los mandatos” y todo esto en base a algo muy simple: la vigencia del sistema republicano consagrado en los artículos 1 y 5 de la Constitución.
Es muy impresionante que en los hechos estamos discutiendo eso, la República y la Constitución, que en forma permanente se ven vulneradas, negadas o atacadas, no por torpeza sino por plan y metodología política en la todavía Republica Argentina.
Esta mañana, al ser consultada por la tensión con el gobierno luego de estos fallos, una alta fuente de la Corte Suprema respondió: “En los dos últimos años esta Corte adoptó un slogan: diálogo interpoderes sí, injerencias no. No vamos a permitir que se metan en los fallos, ese es nuestro cambio de paradigma”. La respuesta parece un tiro por elevación al ex Presidente del Tribunal Ricardo Lorenzetti, a quien se lo vio recientemente con el Papa mientras León Gieco cantaba “Sólo le pido a Dios”.