Cristina Kirchner no puede creer que un fiscal se atreva a acusarla a ella. Porque actuó todo el tiempo como quien está por encima de la ley, como quien puede ser sobreseída sin juicio en cualquier causa, o como quien puede incluso manejar la institución presidencial a control remoto. Es comprensible que para quien entiende el poder como algo propio, como uno de tantos terrenos de su propiedad, sea inadmisible que un fiscal le pida explicaciones.
“Me atacan porque estoy cumpliendo con mi deber”, respondió cortante el fiscal Diego Luciani, luego de la andanada de ataques y recusaciones que intentaron frenarlo. “¿Y qué pasará ahora?”, le retrucaron. “El alegato seguirá y diré todo lo que tengo que decir”, respondió con tono administrativo.
Hace más de un año y medio, este fiscal de 48 años, no conoce lo que es un fin de semana y sólo lamenta dejar demasiado a su familia. Cuando la causa Vialidad llegó a sus manos, hasta cursó estudios especiales de derecho administrativo para estar aún más a la altura. Y además de prepararse profesionalmente, le dijo a su equipo, a sabiendas de lo que se venía: “Somos un submarino. Vamos despacito, pero vamos”. En ese submarino del deber constante se sumergió para hacer lo que pocos hacen en la historia: enfrentar al más poderoso. “Claro que a veces tengo ansiedad o me da miedo”, explica, como si esas cosas que paralizan a tantos fueran percances como un resfriado.
¿Por qué hay espanto ante una mera acusación? Porque, con ella, y su atrevimiento de hacer valer simplemente la ley, se está resquebrajando un orden implícito, según el cual, el poder es impunidad. Cristina Kirchner no está siendo acusada al final de su estrella política, está siendo acusada en la cúspide del poder. De eso no hay antecedentes en democracia.
Hemos asistido todos estos días al soberbio espectáculo del poder, diciéndole con desprecio a la ley desde su pedestal: “¿Cómo se atreven? ¿No ven que no soy igual?”. Diego Luciani es David contra Goliat diciéndole al poder que la Ley existe. En ese sólo acto, se entiende que tiemblen y desesperen quienes piensen que la política es ante todo una cofradía de intocables y que la ley es para los giles.
En el hito del fiscal Luciani, por cumplir con su deber de realizar su acusación, hay un hito de la República.
Todo este tiempo, en materia política y judicial, Cristina Kirchner ejecutó una cruzada sin pausa contra las instituciones de la República. No puede entender que después de todo lo que hizo para desmantelarla, la república le exija rendir cuentas.
Lo de la proscripción es falso porque hasta que existiera sentencia firme por decisión de la Corte Suprema de Justicia, la vicepresidenta puede ser perfectamente candidata. De hecho, aunque la acusación de hoy pidiera su inhabilitación para cargos públicos, y que devuelva lo robado según el fiscal, eso debería ser convalidado antes por el tribunal mediante un veredicto y seguiría dependiendo de una validación de la Corte, como pasó con Carlos Menem y como dicta el debido proceso.
Las escenas que buscan ser un apoyo no son otra cosa que pura obstrucción de Justicia. El mensaje que envían a la sociedad como grupo político, es en realidad el de los cómplices, el de la ansiedad de verse en el espejo de Cristina Kirchner. Porque si la ley se planta ante la más poderosa, se podrá plantar ante todos. Están actuando como casta.
Hoy no estamos ante un veredicto, estamos ante una acusación, y todo el oficialismo lo sabe. Pero la densidad histórica del alegato es tal, por la magnitud sin antecedentes del caso, que involucra a dos presidentes de la Nación, y “corrupción continuada” por doce años, que se escuchan de fondo los crujidos y resistencias de la impunidad.
Excavar hasta encontrar la verdad, exponerla ante la sociedad, y reclamar una condena de acuerdo a la sustancia de las pruebas, es la tarea de cualquier fiscal. Contra esa fundamental noción, de responder ante la ley por sus actos, construyó Cristina Kirchner un relato persecutorio que ante lo abrumador de las pruebas, queda hoy desmantelado.
Los argentinos ya sabemos que la corrupción mata. Ya sabemos que la corrupción mutila al futuro. Ya sabemos que la corrupción corrompe al Gobierno porque cambia sus fines. Si toda una estructura, en forma sistemática desde lo más alto del poder está abocada a saquear al Estado, y a llevarse los dineros de todos los argentinos, no son servidores públicos, sino ladrones públicos. Pero nunca se había atinado a probar tal matriz como en la causa Vialidad. Por eso estamos ante uno de esos momentos que quedarán para siempre en la historia.
Porque finalmente, la corrupción corrompe a la democracia, si la Justicia se le pone de rodillas.
Todo este proceso coincide con una crisis de la que no hay memoria, con una miseria lacerante y enormes padecimientos para millones de argentinos. ¿Hubiéramos llegado hasta aquí si el poder no fuera un coto de caza con políticos inexplicablemente ricos y un país inexplicablemente pobre?
Más allá de Cristina Kirchner, es tiempo de que la corrupción deje de tener licencia en Argentina. No es un problema de pocos. Es un mal que nos degrada a todos, es el vale todo para los malos, mientras la gente de bien, siente que serlo no tiene sentido.
“El corrupto no puede aceptar la crítica, descalifica a quién lo hace, trata de inhibir la autoridad moral que pueda ponerlo en tela de juicio, no valora a los demás y ataca con el insulto a quien piensa de modo diverso”. Palabras del Papa Francisco, citadas por el fiscal Diego Luciani, que simplemente está cumpliendo con algo tan básico, y tan extraordinario a la vez, como investigar hasta las últimas consecuencias.
