Por Juan Manuel Abal Medina
Si algo sabemos quienes nos dedicamos al estudio de los sistemas electorales es que ninguno de ellos es perfecto. Es necesario tenerlo presente cuando analizamos el desempeño de las PASO, tal como fueron sancionadas como parte de la Ley 26.571 en 2009.
Esta norma, llamada “Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral” pretendió mejorar el conjunto del funcionamiento de nuestra democracia fortaleciendo a los partidos políticos y a la capacidad de la ciudadanía para intervenir en el proceso democrático. Fue la instrucción que nos dio la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Francos reafirmó la intención del Gobierno de eliminar las PASO: «No sirvieron para nada»
Como han demostrado todas las investigaciones de ciencia política, la democracia no puede funcionar sin partidos políticos. Es decir, con partidos políticos la democracia puede funcionar bien o mal; pero sin ellos simplemente no funciona.
Desde la crisis de finales de 2001, nuestro sistema partidario venia debilitándose, tornándose cada vez más fragmentado e instable. Fortalecerlo fue el objetivo central de la reforma de 2009.
Hoy, a más de diez años de su implementación, sus resultados son claros: nuestro sistema partidario, aunque no redujo el número de entidades partidarias, facilitó la constitución de frentes o alianzas a los efectos de la competencia electoral, y por primera vez esas alianzas tienen correlato en la acción parlamentaria y de gobierno, trascendiendo los procesos. Asimismo, se frenaron las crecientes tendencias a la desnacionalización o territorialización del sistema de partidos.
Desde la racionalización de la oferta electoral, hasta la garantía de acceso a la campaña en medios de comunicación y el aumento de la competitividad de fuerzas que fragmentadas no obtenían representación legislativa, la reforma ha sido eficiente.
Sin embargo, ninguna herramienta electoral es perfecta, y las PASO están lejos de serlo. En primer lugar, porque dichos logros en el fortalecimiento de la democracia entre los partidos no han sido similares cuando miramos el interior de los mismos. Segundo, porque algunas de las particularidades de su diseño pueden generar efectos negativos, especialmente en contextos de alta polarización. Me estoy refiriendo al plazo extenso entre las primarias y la general, y al efecto que los resultados de las PASO tienen como “encuesta” de las preferencias sociales.
Por esto, pueden pensarse algunas modificaciones que mantengan los beneficios logrados, pero a la vez mejoren algunas de las cuestiones pendientes.
Con los avances tecnológicos y la experiencia acumulada se pueden realizar modificaciones normativas que simplifiquen la gestión del sistema: las PASO y las elecciones generales podrían integrarse en un mismo proceso electoral, ahorrando instancias, recursos y burocracia. Evitaría efectos nocivos sobre la gobernabilidad, como ocurrió en 2019, y contribuiría a acortar el muy extenso tiempo electoral que caracteriza a nuestro país.
Respecto de las fórmulas ejecutivas, la posibilidad de seleccionar mediante las PASO a quien encabece la fórmula presidencial, habilitando a la agrupación política a completarla posteriormente, permitiría una mayor flexibilidad a la hora de reconfigurar la oferta electoral posterior a las mismas. Esta modificación supondría un incentivo adicional para que los partidos y coaliciones utilicen más los mecanismos de competencia interna. En el mismo sentido, la posibilidad de permitir candidaturas múltiples en las PASO les quitaría el dramatismo actual de ser competencias a “todo o nada”, fomentando el interés de potenciales desafiantes internos y reduciendo costos.
Juan Manuel Abal Medina
Otra posible reforma sería la de mantener el carácter de elección obligatoria solo para partidos y coaliciones, y que sea optativa para los votantes. Así, la PASO seguirían cumpliendo su tarea de ordenar la oferta partidaria, pero sin funcionar como gran encuesta nacional, lo que induce al voto estratégico y refuerza las tendencias a la polarización. Un beneficio adicional es que incentivaría a los partidos a aceptar la competencia interna no sólo para alcanzar el piso electoral que se establezca para participar de la general, sino también para mostrarse más fuertes frente a los rivales que no lo hagan.
En síntesis, la reforma político-electoral de 2009 cumplió gran parte de sus objetivos, pero diversas reformas pueden y deben pensarse con el fin de continuar mejorando la calidad de nuestra democracia.
