Por Sebastián Galmarini (*)
El desempeño institucional de las PASO es defectuoso, disfuncional y anacrónico. Es posible evaluarlas tras seis elecciones nacionales -entre 2011 y 2021- y en numerosas provincias donde se llevaron a cabo. No solo no cumplieron las expectativas de fortalecer los partidos, sino que los debilitaron. Los transformaron en verdaderas etiquetas vacías. Los calendarios electorales se extienden a lo largo de todo el año y llegan hasta la realización de más de 5 comicios en algunas provincias, aumentando el desgaste ciudadano y partidario, elevando los costos y, sobre todo, provocando una fuerte distorsión entre las preferencias de los electores y los resultados institucionales en el Congreso, las legislaturas e incluso los Concejos Deliberantes.
La ley 26.571/09 de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias abarca varias dimensiones del proceso electoral. No solo obliga a los electores a participar de los procesos internos de los partidos políticos para seleccionar candidatos de modo obligatorio (de los que mayoría de veces no son afiliados ni militantes), sino que también prohíbe los aportes privados de personas jurídicas en las campañas (luego modificada por los arts. 20 y 44 de la Ley 27504/17); limita y distribuye los espacios audiovisuales en medios gráficos, radio y TV para los distintos partidos y candidatos (pero no menciona siquiera las redes sociales); establece un piso mínimo de votos para acceder a participar de la elección general del 1,5%; y provoca un elevado desgaste de las campañas electorales por la duración de los procesos en conjunto con un marcado crecimiento del costo económico de las campañas para los frentes, partidos y candidatos.
Sin embargo, el mayor problema o «defecto» de las PASO es el efecto estratégico de los sistemas electorales a dos vueltas, generando un crecimiento del llamado voto útil, que eleva los niveles de apatía, hartazgo y distancia de los ciudadanos, con sus candidatos de primera preferencia. Algunas rarezas de nuestra coyuntura suponen que quienes impulsaban su derogación hace poco tiempo sean hoy sus principales defensores. Mayor contradicción aún es que los autopercibidos liberales, defiendan la existencia de este modelo de primarias que intervienen en la autonomía de los partidos políticos y obligan a los ciudadanos no partidarios a votar obligatoriamente en esas elecciones; y que, además, impiden el apoyo financiero de los privados a sus candidatos e impone al Estado que cargue con la distribución de los espacios en medios de comunicación audiovisual.
Independientemente de la oportunidad, mérito o conveniencia del debate en este contexto, y la distancia relativa con el próximo proceso electoral, la reforma de las PASO no implicaría grandes cambios en las expectativas electorales de los principales candidatos para el año próximo. Mas bien, refrendaría la centralidad de los principales actores polares del escenario político actual. Más aún, estaríamos ante la posibilidad de su derogación nacional, pero parcial si no se reformaran las leyes en otros niveles de gobierno.
Esto podría desembocar en un escenario de mayor confusión, si se realizaran PASO en los dos principales distritos electorales, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires en combinación con su eliminación a nivel nacional. Naturalmente, asumiendo los mismos efectos estratégicos que supondría su existencia nacional. Sin embargo, vale mencionar que la norma resultó eficiente a los fines de reducir la oferta electoral en todas las arenas políticas, y redujo el número de partidos que mostraba la Argentina precedente.
De manera sintética y sencilla, intentaré mencionar los 5 principales impactos para evaluar para cualquier proyecto de reforma:
1.- En las elecciones nacionales, no se produjeron elecciones primarias entre candidatos a presidente que fueran competitivas. Tampoco para diputados ni senadores. Se utilizaron en escasas oportunidades y solo como simulación de competencia para la selección de candidatos a los fines de «sumar» votos al Frente o darle «volumen y visibilidad» al debate entre los candidatos. A nivel provincial tampoco se utilizaron de manera sistemática para seleccionar candidatos a Gobernador ni legisladores por parte de ninguno de los frentes electorales. Incluso, en alguna oportunidad, el proceso electoral terminó fracturando el frente o los partidos que ingresaron a la competencia. En el orden municipal, se utilizó de manera algo más recurrente que en otras esferas. En definitiva, las PASO locales significaron una «válvula de escape» para las tensiones políticas de los frentes nacionales, que derivaron en primarias sistemáticas en los frentes opositores a nivel municipal, como un escenario de guerra donde se resolvieron las rencillas que arrastran otras disputas.
2.- La prohibición de aportes económicos de personas jurídicas o empresas a las campañas electorales no impulsó una reducción de los gastos de los partidos, sino que significó una transferencia de esos recursos en otros gastos y mecanismos lejanos de la imputación contable, transparente y controlable por las distintas instituciones involucradas. En definitiva, los recursos fluyeron de un lado a otro, complicando la fiscalización y el control, a la vez que dificultaron su utilización partidaria en tiempo y forma durante los procesos electorales. Por ejemplo, el gasto obligado que suponen las campañas en redes sociales y medios digitales.
3.- La extensión de los cronogramas de los procesos electorales nacionales, provinciales -y en algunos casos municipales- alimentó un sostenido incremento de los costos de financiación de las campañas electorales, tanto para el Estado en la organización de las diferentes elecciones (urnas, boletas, logística, recursos humanos y otros), como para los partidos y candidatos que se vieron necesitados de realizar varias campañas diferentes, con públicos y objetivos distintos, y en contextos diferentes. Al mismo tiempo que impulsó la consolidación del desdoblamiento sistemático de las elecciones provinciales, significó un agravante sustancial en la suba de los costos económicos y financieros de las elecciones realizadas a doble o triple vuelta. En su mayoría, se dan en diferentes fechas a lo largo del año. En resumen, se realizan muchas campañas a distintos cargos electivos, con un enorme gasto público, privado y partidario, para realizar una encuesta donde los electores se ven frustrados por el efecto del voto estratégico que más adelante detallamos como el principal defecto.
4.- La prohibición para contratar espacios en medios de comunicación audiovisual funcionó de manera similar. Provocó la migración de publicidad y propaganda tradicional hacia menciones, opiniones o mecanismos más complejos para comunicar las bondades de candidatos y partidos en campaña, de manera que transformó a los diferentes medios de comunicación en vehículos sectoriales de uno u otro partido. En paralelo y al mismo tiempo, los algoritmos que dominan la divulgación de contenidos impulsan la ratificación de los posicionamientos políticos de ciudadanos que se informan a través de los medios digitales. Finalmente, la distribución «equilibrada» que supone la norma de los diferentes frentes políticos en los medios audiovisuales no parece que haya significado una mejora ni una modificación en las performances electorales de los partidos minoritarios. Más bien los resultados acumulados parecerían una simulación de «igualdad de oportunidades» que licuó las diferencias propias de los partidos competitivos.
5.- Por último, quedaría analizar el impacto más importante provocado por las PASO. Los sistemas electorales a doble vuelta generan el fenómeno conocido como «voto estratégico o voto útil». En la primera vuelta (PASO, en nuestro país) los electores votan a los candidatos de su primera preferencia, «el candidato que más me gusta». Es decir, votan con el corazón. En la segunda vuelta (elecciones generales donde se reparten los cargos políticos), esos mismos electores votan con la cabeza utilizando un razonamiento «estratégico» a los fines que no gane el candidato más lejano de sus preferencias. Allí se deciden por el «menos malo» o su segunda o tercera preferencia. Este desplazamiento del voto ciudadano tiene dos efectos ampliamente estudiados por la ciencia política: Por un lado, el efecto mecánico del sistema electoral que incentiva a los electores que no lograron superar la barrera establecida del 1,5% de los votos a migrar hacia otros candidatos o frentes electorales. Por el otro lado, una segunda fuente de migración de votos, conocido como efecto psicológico, influye sobre los electores de los terceros y cuartos partidos hacia quienes quedaron en condiciones de lograr la victoria en las elecciones. De este modo, el efecto reductor propio del sistema electoral estimula la polarización entre los dos grandes candidatos en condiciones de vencer, al mismo tiempo que se combina con los efectos de la dinámica exógena y polarizadora que provocan los algoritmos utilizados por las grandes compañías globales de comunicación en redes e internet. Hoy, la polarización rige en la mayoría de las elecciones a lo largo del planeta.
Si todo ello fuera cierto, asistimos a elecciones donde los electores se ven influenciados por una doble ola polarizadora, de mucha capilaridad, sigilosa y hasta violenta, que incentiva a los ciudadanos a modificar sus preferencias para engrosar las posibilidades de los candidatos más competitivos en función de su posicionamiento y el contexto electoral, casi en independencia de sus programas, identidad política, historia y campañas electorales. Al mismo tiempo, alimenta la apatía. Gran parte de los electores no se sienten representados en la medida que sus primeras preferencias fueron excluidas por el sistema electoral, ni ven reflejadas sus preferencias en la distribución de cargos en ningún nivel de gobierno. El voto útil hizo de las suyas.
A modo de conclusión, queda el desafío de pensar alternativas. Quizás la realización de elecciones internas partidarias donde voten afiliados y no afiliados a otros partidos, y que sea obligatoria donde existan candidatos en competencia, pueda resolver la tensión. No en todos los distritos de modo compulsivo.
También deberíamos alentar un proceso de auditoría sobre los padrones partidarios y las personerías políticas de todos los partidos políticos vigentes a los fines de terminar con los sellos de goma y las aventuras electorales. Ampliar el control y la fiscalización sobre las personerías jurídico-políticas supone mayor eficiencia y más transparencia en el uso de los recursos públicos.
El problema no es lo que es y sucede, sino lo que podría o debería ser. Los partidos políticos reconocidos en el Art. 38 de la Constitución Nacional son instituciones democráticas fundamentales, sus actividades son libres y deben garantizar su organización y funcionamiento regular. También deben invitar a la formación y capacitación ciudadana, establecer programas de gobierno y construir candidatos para ocupar los cargos públicos. No hablo solo de conocimientos técnicos específicos, sino sobre todo de habilidades blandas como la templanza o la inteligencia emocional que suponen los cargos públicos de alto rango. De cumplir con esas funciones básicas, estaríamos dando un paso fundamental para salir de la polarización extrema y la fragmentación invivible para comenzar el camino de darle a los argentinos políticas de Estado que estén exentas de los permanentes vaivenes que impiden el desarrollo de nuestro país.
(*) Politólogo. Profesor de Elecciones y Partidos. UBA. Expresidente de la Comisión de Reforma Política del Senado bonaerense.
