Por Myriam Bregman (*)
Perú se encuentra convulsionado. La última semana se multiplicaron las manifestaciones y bloqueos contra el gobierno golpista de Dina Boluarte, donde el rol clave lo tienen los mandos militares y donde la represión militar y policial se ha cobrado la vida de 22 manifestantes junto con cientos de heridos, gran parte de ellos en Ayacucho, una de las regiones epicentro de las protestas.
Hay que decirlo claramente: la destitución de Pedro Castillo fue un verdadero golpe parlamentario que abrió la puerta a un gobierno que no puede ser calificado sino como golpista. Esta definición no implica un apoyo político a lo realizado por Castillo durante su gobierno. La realidad es que, desde un comienzo, en vez de recurrir a la movilización popular, se fue amoldando al chantaje de la derecha y de la oligarquía peruana. Cada amenaza de la derecha fujimorista de avanzar con la destitución de Castillo por la vía parlamentaria, fue respondida por éste con concesiones a sus reclamos.
El tercer intento de votar la “vacancia” (es decir, la destitución del Presidente por parte del Congreso unicameral) no parecía contar con los votos necesarios. Las causas no importaban: desde dudosas acusaciones de corrupción, hasta un reportaje donde Castillo decía que la cuestión de dar una salida al mar para Bolivia debía ser resuelta en un referéndum. Cualquier cuestión le servía al fujimorismo para tratar de imponer la destitución.
Foto: NA/ Juan Vargas
Sin embargo, extrañamente Castillo intentó una salida bonapartista que consistía en cerrar el Congreso y proponer nuevas elecciones incluyendo miembros de una Asamblea Constituyente dentro de nueve meses y, mientras, gobernar en estado de emergencia. Un intento de salida bonapartista para el que carecía de fuerza alguna. Fue la excusa justa para votar la vacancia una vez que quedó claro que las fuerzas armadas no obedecerían al Presidente y, por el contrario, lo detuvieran.
Toda la derecha continental presentó los hechos como si el golpista fuese Castillo, cuando él fue derrocado por un entramado de poder que conocemos muy bien en la América Latina de los últimos años: poder económico, oposición derechista, sectores del poder judicial, grandes conglomerados mediáticos, la OEA y la embajada de los Estados Unidos. Años donde hemos visto diferentes formas de golpes, algunos más “clásicos” otros con formas “parlamentarias”: en Honduras contra Zelaya; en Paraguay contra Lugo; en Brasil contra Dilma Rousseff y en Bolivia contra Evo Morales.
Las y los trabajadores, estudiantes y campesinos y campesinas peruanos no se han dejado engañar por el carácter del nuevo gobierno que hoy se mantiene en base al estado de emergencia y con las fuerzas represivas en las calles tratando de imponer el terror. Junto con la denuncia de la represión y los reclamos de que se vaya el gobierno golpista, crece la exigencia de una convocatoria a una Asamblea Constituyente que termine con la actual constitución fujimorista de 1993.
Estamos junto a las y los que luchan y se movilizan en las calles de todo Perú acompañando sus demandas, sabiendo que es solo con un gobierno de las y los trabajadores como podrán conquistarse plenamente.
(*) Diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT)
