Por Ricardo Gil Lavedra(*)
Sin dudas, la cuestión de la justicia estará en la agenda pública.
La oleada democratizadora de los años 80 en América Latina determinó la aparición en la escena política de un actor que hasta ese momento había desempeñado un rol secundario: la Justicia. La democracia trajo consigo la vigencia de muchos derechos y la promesa de hacerlos posibles, también el estado de derecho, los límites a los gobernantes y otro ideal republicano, la rendición de cuentas de las autoridades.
Todas estas cuestiones se dirimen en la Justicia. A sus puertas golpean quienes quieren ver satisfechos sus derechos y los que reclaman que se aplique la ley a quienes la violen, incluso a los poderosos.
La intervención creciente de los jueces en temas que tradicionalmente estaban exentos de control judicial, y la apertura de causas por corrupción estatal, motivó que los poderes políticos traten de influir en las designaciones, o bien directamente en las sentencias.
Esta actitud motivó que el pueblo desconfíe de la independencia e imparcialidad de los jueces, que se piense que los tribunales no resuelven objetivamente sino de acuerdo a presiones políticas o fácticas. Del mismo modo, la demora en resolver los casos en tiempo útil y el carácter cerrado que tienen a veces los trámites judiciales, coadyuva también al desprestigio de la Justicia.
La legitimidad de los jueces depende de su credibilidad. Lo que ocurre es muy grave pues menoscaba la trascendente función que tiene la Justicia en una sociedad democrática. Es necesario recuperar esa confianza.
Para ello, es preciso que cualquier reforma cuente con un consenso muy amplio, que permita despejar cualquier suspicacia acerca de un presunto beneficio político. Sobre esa base, fortalecer la independencia a través de designaciones que privilegien la idoneidad. Además, hay que cambiar los procedimientos para que garanticen juicios en tiempos razonables y que permitan una Justicia más abierta, más accesible, al alcance de todos, cualquiera sea su situación social.
(*) Jurista. Presidente del Colegio Público de Abogados (CABA)
Publicado originalmente en la edición impresa de Newsweek Argentina.
