Por Ariel Larroude (*)
La segunda parte del informe “Rosario, un sueño de paz” se llama “Dejar matar, dejar morir”. Allí el autor ahonda en el vínculo entre las fuerzas policiales y su histórico pacto con la criminalidad, que se profundizó y se hizo promiscuo.
“Dejar matar, dejar morir” es el nombre elegido para esta segunda parte del informe “Rosario, un sueño de paz”.
Su denominación no es inocente, ya que nos remite a una descripción analítica del fenómeno criminal y social que padece la ciudad ribereña, en tanto para este trabajo la mantención de este nivel de violencia letal solo puede explicarse desde dos ángulos:
Ariel Larroude, consultor de Política Criminal
a) Una mutación en la teoría del doble pacto que históricamente reguló el trabajo de la policía, donde hoy en día estructuras atomizadas y conniventes de la fuerza de seguridad rosarina, lejos de intervenir en la criminalidad para mantenerla bajo índices tolerables para un estado de derecho, han potenciado la disputa violenta entre bandas dedicadas al narcotráfico y sus procesos de diversificación criminal, para que esta se desarrolle sin control en los barrios vulnerables de la ciudad, aprovechando así los márgenes de ganancia que cotidianamente deja esta confrontación. Todo ello, a sabiendas que dicho enfrentamiento no tiene consecuencias institucionales, siempre que la violencia se desarrolle en la periferia y no afecte a las clases medias y altas de Rosario. (Dejar matar)
b) Una estrategia errática por parte del Estado que, a la hora de intervenir en el mercado de estupefacientes, solo ha desarrollado una mirada represiva del conflicto, sin abordar con elementos consistentes la problemática de salud que atraviesa a su sociedad. (Dejar morir)
El superemercado de la familia Rocuzzo atacado en Rosario (Foto: REUTERS/Luciano Bisbal)
Si afirmamos que la situación de violencia que padece Rosario es producto de una mutación en la teoría del doble pacto policial, debemos recordar primero el significado de esta teoría y su relevancia en lo que respecta al rol de las fuerzas de seguridad en nuestro país.
Para ser gráficos, el doble pacto no es, ni más ni menos, que un acuerdo tácito y simultáneo dado durante la recuperación del sistema democrático de gobierno entre la policía y dos actores fundamentales: la delincuencia y la clase política.
Allí, de manera sincronizada y paralela, mientras la policía comenzó a acordar con los delincuentes la venta de protección e impunidad para que la criminalidad tradicional se desarrollara dentro de los límites de lo tolerable, a su vez, pactó con la clase política la no intromisión de la dirigencia civil en las cuestiones relativas a la seguridad siempre y cuando el delito esté controlado y no cause conmoción social.
Este acuerdo tácito nacido a mediados de los años ‘80, potenciado en los ‘90 y consolidado a principios de los 2000, le permitió a la policía, más allá de mantener sus circuitos históricos de recaudación ilegal (prostitución, juego clandestino, venta ambulante, etc.), incrementar su poder discrecional en el territorio, enarbolándose así como agente regulador de la delincuencia pero, fundamentalmente, de todo lo que acontece en la calle.
La policía, más allá de prevenir, conjurar y reprimir la ilegalidad, comenzó a desarrollar funciones de contención social por fuera de sus obligaciones tradicionales, lo que derivó en la apertura indiscriminada de nuevas cajas de recaudación a partir de la venta de protección e impunidad para los nuevos circuitos de la economía informal e ilegal que florecieron al calor de las constantes crisis económicas (comercio de autopartes, venta ambulante, etc.).
Esto favoreció al hecho de que, con el correr del tiempo, varios conflictos sociales que históricamente estaban codificados en “clave social” se hayan codificado en “clave policial” pese a no ser esta agencia quien tenga la competencia o las herramientas para resolver dichas problemáticas.
(*) Consultor de Política Criminal
