Una vez más, un acampe piquetero ha alterado la vida de los ciudadanos y ha demostrado, nuevamente, el uso inescrupuloso de la pobreza que hacen poderosas organizaciones y pudientes dirigentes. Los que gestionan los acampes son, sin más, gerentes de la indigencia.
Hay una cuestión que los medios y los políticos en Argentina nunca mencionan; a saber: los cortes de calles, rutas y avenidas, son una anomalía propia de la Argentina. En casi todo el mundo es impensable que se corten calles sin autorización previa. En cualquier ciudad donde rige la ley, la cordura y el apego a los derechos, se debe pedir autorización para realizar manifestaciones. De ese modo, los ciudadanos saben de antemano que no pueden circular por tal o cual zona. En lugares normales, los medios de transporte avisan con tiempo a los pasajeros acerca de sus recorridos alterados. Además, se le informa a la ciudadanía general la hora exacta en que la manifestación terminará. Eso es lo civilizado.
Si alguien corta una calle sin pedir autorización previa, será sacado o expulsado de ahí por la fuerza. Eso también es parte del proceder civilizado, dado que cortar una calle es y siempre ha sido un acto profundamente autoritario.
Pensémoslo así: grupos minoritarios le prohíben a la mayoría de las personas (que, además, no son responsables de sus (dudosas) problemáticas) que tengan libertad para circular. El ciudadano paga impuestos desmedidos para usar la calle siempre que quiera o necesite. Quienes cercenen ese derecho son, sin más, autoritarios. Si el Estado no defiende al ciudadano, cuyo derecho a circular está impedido, se convierte en un Estado bobo o en cómplice de los autoritarios.
En Argentina se ha naturalizado el corte de calles y rutas. Hoy cualquiera puede convertirse en autor de semejante disparate.
A propósito del corte en la Av. 9 de julio, no sólo no se han reprimido esos cortes, sino que, además, políticos, jueces y fuerzas de seguridad miran hacia otro lado, mientras un grupo cualquiera les complica la vida a millones de ciudadanos. En la Av. 9 de julio, una de las arterias principales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suelen ocurrir incidentes de este tipo y las autoridades a cargo no hablan siquiera del tema. Esto deja al ciudadano en soledad y arreglándoselas como puede.
La gente es esquilmada a impuestos, pero está indefensa frente al accionar faccioso de grupos autoritarios. El ciudadano que trabaja es víctima permanente en Argentina.
Esta semana hubo un acampe piquetero interminable y el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, hizo declaraciones donde mostró que la única política pública frente al tema es la cobardía, la falta de planificación y la impotencia. “No se puede liberar por la fuerza. ¿Se puede tirar gases lacrimógenos por la fuerza a niños y mujeres?”, manifestó. La desafortunada declaración contiene varios problemas. En primer lugar, eso es convalidar y darles la razón a los piqueteros que, justamente, ponen a niños como escudos para que nadie se anime a desalojarlos. En otras palabras, Felipe Miguel les está diciendo a los piqueteros que su táctica nefasta es exitosa.
Piqueteros acampan frente al edificio del Ministerio de Obras Públicas (Foto: Daniel Vides – NA)
Sin dudas, los piqueteros tienen mejores estrategias que el Gobierno de la Ciudad. A nadie se le ocurre que lo que debería ser motivo de intervención es que los derechos de esos niños están siendo violentamente violados. Niños que están con temperaturas elevadísimas durante muchas horas sobre el asfalto hirviente siendo usados como mecanismo de defensa frente a un delito (porque, señores, prohibir la circulación es un delito). Por lo demás, los ciudadanos les pagan el salario a personas que deberían ser servidores públicos para que ofrezcan soluciones, no para que hagan comentarios como si fueran panelistas de TV.
El Estado tiene el monopolio de la fuerza pública y, entre sus cientos de dependencias (muchas inútiles), debería velar por los derechos de esos niños y desalojar la avenida en defensa de los ciudadanos que necesitan circular. Según la teoría que esbozó Felipe Miguel, los ladrones de banco o cualquiera que cometiera un delito, podría llevar niños, convirtiéndose en intocable. Estamos frente a un Estado reducido a comentaristas de la impotencia.
Es tal el grado de distorsión en la Argentina que solamente queda como opción ser corajudo y tomar medidas muy de fondo y muy profundas para corregir tantos disparates. En la Av. 9 de Julio, una gran medida a tomar sería tirar abajo el edificio de Desarrollo Social. El tránsito fluiría sin inconvenientes, se ahorrarían piquetes y, lo mejor de todo, se eliminaría ese adefesio fascista, que es la imagen de Evita. Varios beneficios con una sola medida.
También sería una decisión simbólica que mostraría voluntad real de cambiar. Ese edificio con esa imagen es la explicación clara de la decadencia y el autoritarismo en Argentina. Convengamos que Evita fue la primera gerente de los pobres. Lo mejor que se puede hacer con los pobres es que dejen de ser pobres. Que haya trabajo e inversiones. El gran tema es que el día que eso suceda se les termina el negocio político a muchos.
El Estado nunca es autoritario cuando defiende a sus ciudadanos. No olvidemos que los agredidos aquí son los que necesitan circular y no pueden. El Estado no puede decretar que las tácticas nefastas de los autoritarios triunfan conceptualmente. Por el contrario, debe accionar defendiendo la legalidad y usando el poder que posee y le ha sido conferido.
Haber abandonado tantos años el concepto de orden (pilar de una convivencia civilizada) trae aparejado estos disparates. Una sociedad exhausta por los padecimientos ve cómo el espacio público está privatizado y cómo el Estado sólo da muestras de impotencia.
