Por Cecilia Moreau (*)
A través de una simple resolución ministerial el Gobierno decidió interrumpir la creación de cinco universidades nacionales aprobadas por el Honorable Congreso de la Nación en 2023.
Luego de profundos debates y consensos alcanzados entre diversas fuerzas políticas, el año pasado los legisladores y legisladoras logramos aprobar la creación de las universidades de Pilar, Delta, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo.
En primer lugar, las actas de las reuniones de comisión y del diario de sesiones son públicas y están disponibles para quien desee interiorizarse acerca del enriquecedor debate que se desarrolló en torno al derecho a la educación superior. Por tal motivo, los fundamentos de la decisión del Gobierno de interrumpir el inicio de sus actividades, sustentados en la necesidad de revisar el procedimiento administrativo, resultan nulos.
No es facultad del Poder Ejecutivo revisar la creación de casas universitarias creadas por Ley.
En segundo lugar, se trata de una violación a los principios reconocidos en el artículo 75, inciso 19, de la Constitución: de garantía de la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.
Una vez que han sido creadas por Ley el Poder Ejecutivo NO puede interrumpir dicho proceso.
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En tercer lugar, es una decisión autoritaria. A contramano de las discusiones democráticas propias de la actividad legislativa, esta decisión fue inconsulta. Se tomó en la soledad de un escritorio de algún burócrata del Ministerio de Capital Humano. Ni la comunidad universitaria, ni otros actores sociales de las jurisdicciones en donde las universidades iban a funcionar fueron escuchados, consultados o tenidos en cuenta en modo alguno.
En cuarto lugar, está claro que se trata de una decisión básicamente fiscalista. Por eso los fundamentos aducen la necesidad de determinar la “pertinencia, oportunidad y previsión del crédito presupuestario correspondiente”. Sobre el particular es necesario detenerse.
Como se ha manifestado durante los debates en el Congreso, Argentina se encuentra por debajo de muchos países en el número de universidades por habitante. Incluso de países con niveles de desarrollo similar. Por lo tanto, la pertinencia está más que demostrada y, vuelvo a reiterar, la facultad es exclusiva del Congreso.
La cuestión presupuestaria no es menor, pero el reconocimiento de derechos no puede verse sometido a una cuestión meramente fiscalista, sin caer, al menos, en una visión claramente sesgada, clasista y ultraconservadora.
Puede resultar llamativo que quienes defienden la importancia del capital humano ataquen la creación de universidades nacionales. Las universidades no solo son espacios de formación profesional, también de investigación, de extensión, de divulgación de conocimientos y de pensamiento crítico. Aportan al desarrollo local y territorial.
Nuestro compromiso con la educación pública, gratuita, laica, cogobernada, de calidad y comprometida con la realidad de nuestra gente, sigue intacto y más firme que nunca.
Vamos a trabajar sin descanso para revertir esta decisión inconsulta, autoritaria, fiscalista y absurda. Y estaremos junto al pueblo y la comunidad educativa, porque un pueblo sin educación está sometido a la ignorancia y la dominación.
No lo vamos a permitir.
