Por Gustavo Sylvestre
La impericia oficial y los exabruptos graves del presidente Milei ponen en jaque la propia sustentabilidad del plan de gobierno. Pero existe el Parlamento, como opción Constitucional y Republicana, para cuidar de los destinos de la Argentina en crisis.
La Argentina podría estar en presencia de inaugurar una forma de gobierno inédita para sus cuarenta años de democracia, sin reforma constitucional, que podría asemejarse a un Gobierno Parlamentario, producto de la debilidad política de un presidente que fue electo legítimamente por la gran mayoría de los argentinos, pero que no cuenta en el Congreso con bloques propios que le permitan avanzar en la concreción de sus planes.
El reciente tratamiento de la denominada Ley Ómnibus, que el Gobierno de Milei trató de “imponer” por la fuerza, puso al descubierto no solamente la ausencia de un número importante de voces del oficialismo que defiendan ese proyecto, sino también la ignorancia y la poca preparación legislativa del bloque libertario. Los enojos del Diputado Pichetto pusieron al descubierto la debilidad de la que hablaba más arriba…
En el denominado Pacto de Olivos, que posibilitó la Reforma Constitucional de 1994, tras el consenso logrado entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín, el líder radical imaginaba para nuestro país un régimen parlamentario, como varios países de Europa, con la figura de un presidente que cumpla con el rol Institucional de preservar la República y un jefe de Gabinete, que represente las mayorías parlamentarias de un momento político determinado.
Si se hubiera avanzado en esa idea, rechazada por Menem porque no quería nadie a su lado que le quite poder, en la crisis del 2001 la figura presidencial hubiera quedado a “salvo” de la renuncia, y el Parlamento (con mayoría peronista en ese momento) hubiera puesto a uno de sus hombres para la continuidad del mandato presidencial.
Volvemos al reciente tratamiento de la Ley Ómnibus. En la práctica, funcionó este parlamentarismo, ya que los bloques de diputados cercanos ideológicamente al Gobierno, acompañaron en general la aprobación de la Ley, y estaban dispuestos a hacerlo en forma particular. Sólo la impericia oficialista, sumado a la intransigencia del presidente, llevaron al fracaso la iniciativa oficial.
Pero, ¿se podría profundizar este sistema de gobierno cuando el presidente lanza casi a diario agresiones contra los legisladores denominados “dialoguistas”? El presidente, en sus descalificaciones permanentes, corre el riesgo de “autoimputarse” en algún delito de gravedad institucional, como cuando afirma que hay que hacer desaparecer al Estado, porque el mismo es una organización criminal. ¿Se siente él jefe de una asociación criminal?
El lenguaje violento en política ha desencadenado luego hechos violentos en la vida pública de nuestro país. Sin ir más lejos, las marchas promovidas por la organización Revolución Federal durante el ultimo gobierno, apoyadas por sectores de JxC, promovieron acciones violentas, amenazas, exhibición de “guillotinas”, bolsas mortuorias (con nombre y apellido) que desembocaron (según el fiscal Gerardo Policitta) en el intento de asesinato contra la entonces vicepresidenta de la República, causas (en su financiación y formulación) que siguen siendo investigadas por la Justicia.
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¿No deberían también las mayorías parlamentarias ponerle un límite a los continuos exabruptos de un presidente que pareciera desconocer las formas institucionales de una República?
Hace pocas semanas, el presidente escribió un tuit que decía: “Me importan un carajo los forros que ponen las formas por sobre el contenido”. Debería saber el presidente que las formas son tan importantes como el contenido en la vida democrática. Y que no solo queda para los teóricos de las ciencias políticas, aquella definición que sostiene que la democracia, como sistema político moderno, es una forma de vivir que sólo es viable si se fundamenta en valores como la libertad, la igualdad, la justicia, la tolerancia, el pluralismo y la participación. Muchas de las formas, que desconoce, en la práctica, el presidente.