Por Cristina Caamaño (*)
Uno de los mayores problemas que tiene hoy la Argentina es la Justicia. Cuando me refiero a la Justicia, estoy hablando del Poder Judicial en sentido amplio: jueces, juezas, fiscales y fiscalas, que conforman una élite que sólo se ocupa de no perder sus privilegios.
No son todes, sino lo que conocemos como “corporación judicial”, ese grupo que le da la espalda al pueblo y juega con el establishment, a diferencia de lo que venimos pregonando desde “Justicia Legítima”: democratización de la Justicia, paridad de género, fin del patriarcado judicial, acceso a la justicia de los más vulnerables, publicidad de los actos judiciales, celeridad en los juicios, lenguaje llano para que cualquiera entienda lo que se dispone en una causa y la transparencia en el actuar.
La buena noticia, en lo que respecta al espionaje ilegal es que el presidente, Dr. Alberto Fernández, modificó por decreto el artículo 4, inciso a) de la Ley 25.520, evitando que los agentes de la AFI sigan siendo auxiliares de la justicia. De esta forma, se rompió la relación promiscua que existía entre ellos.
Romper con eso fue muy importante porque ahora la Agencia se dedica a proteger a sus ciudadanes y dedicarse a la inteligencia estratégica, impidiendo hacer espionaje ilegal, que es lo que realizó el gobierno macrista durante todo su mandato.
De esta forma también se saca de juego a uno de los principales componentes del “lawfare”. El “lawfare” es la persecución política que se hace a dirigentes populares con el fin de desprestigiarlos ante la sociedad. Es, en palabras de Lula Da Silva: una guerra jurídica con fines ilegítimos. ¿Cómo funciona este mecanismo? Parte de una noticia falsa, una “fake news”, sobre un hecho de presunta corrupción y se lo repite hasta el infinito. Aparece un fiscal de la “corporación judicial” que, aunque no encuentre pruebas, impulsa la acción. Y, por supuesto, el juez acompaña. Se detiene al presunto corrupto, abusando de la prisión preventiva, se le “pincha” el teléfono, se acusa a sus familiares, se lo embarga, se lo aprieta de distinta manera para que se “arrepienta” y así se lo lleva a juicio, insisto, sin pruebas, pero con mucho “circo”.
Esa es la nueva manera de aniquilar al opositor político. Como vimos que lo hicieron Mauricio Macri, con la mesa judicial de Nación y María Eugenia Vidal, con la mesa judicial de provincia de Buenos Aires.
Para evitar estos ataques infundados precisamos una reforma judicial que implique los cambios normativos necesarios para evitar judicializar la política y darle seguridad jurídica a toda la sociedad. Avanzar con reformas que mejoran la calidad de vida de la gente y su acceso a la Justicia. Es fundamental el sistema acusatorio para terminar con el expediente y los plazos infinitos y por último, pensar en una Corte Suprema acorde a las necesidades de la ciudadanía y con perspectiva de género.
(*) Ex Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia – Ex fiscal
