El Presidente cree que puede comprar a la justicia y lo peor, es que, en este caso, la justicia aceptó que le pusieran precio. Todo, en la cara de los argentinos. Como la fiesta de cumpleaños de la primera dama, y las entradas del entrenador del perro o de los peluqueros a Olivos, cuando el resto de la población estaba encerrada en cuarentena estricta y ni siquiera podía despedir a sus seres queridos, por órdenes del propio presidente, que entonces se hacía el valiente con un surfer y acusando a los incumplidores de desaprensión para con los otros.
El Presidente les mintió a los argentinos. Y ahora para birlar a la justicia no le importa aceptar términos que cuestionan hasta las determinaciones penales de su propio decreto. Ni el presidente valora la palabra decretada por el presidente.
En realidad, todo el tiempo la intención fue evadir la verdad. Desde el momento en que trascendieron los hechos, la primera reacción del poder fue mentir y esquivar sus responsabilidades. Ante las primeras revelaciones de la fiesta, negaron todo y acusaron al periodismo de producir una “fake news” o falsa noticia. Hasta que los acorraló la verdad con la foto del escándalo y no quedó otra que admitir lo obvio. El presidente de la Nación había traicionado a los argentinos. Sin más chances de negar lo innegable, hasta cuando pidió perdón públicamente lo hizo con la inusitada cobardía de culpar a su esposa en vez de hacerse completamente cargo siendo el máximo responsable de que se cumplieran las medidas que él ordenaba al menos en la casa donde reside como presidente. La primera dama tardaría casi un año en pedir perdón a los argentinos y lo haría al pasar en una entrevista a una revista del corazón que la puso en tapa por su embarazo.
Entonces, primero la foto y luego el video de la fiesta, donde brindaban sin barbijo y donde al Presidente, comiendo con total normalidad al lado de su esposa, no parecía notar ninguna contradicción entre sus dichos y sus hechos, fueron un puñal en la espalda del sufrimiento de los argentinos. A la vergüenza nacional siguió el desplome de cualquier atisbo de confianza ante la palabra presidencial que en tantas cosas se mostraría luego cambiante y contradictoria.
El hecho valdría entonces la presentación de un juicio político, además de la denuncia penal en curso que se encamina a consagrar la impunidad. El abogado de Republicanos Unidos Yamil Santoro anticipó que se presentará como amicus curiae porque a su criterio “el presidente está coimeando a la justicia”
Para Santoro, el concepto de “reparación integral” está pensado para cuando hay un perjuicio para una parte que puede ser resarcida, cosa que no ocurre en este caso en el que lo que está en juego es la dignidad de un país entero. El fiscal de San Isidro no piensa lo mismo y aceptó la oferta para que el presidente y la primera dama puedan cerrar la causa por violación de cuarentena a cambio de unos tres millones de pesos.
Primero, qué decir del fiscal. Que sella el abuso de poder como algo que puede ser arreglado con dinero. Que le niega justicia al pueblo argentino, y le pone precio al derecho. El que tiene dinero y poder puede arreglar sus culpas con plata. Como un Judas de la justicia acepta las monedas de plata de la traición y sacrifica el honor mancillado de los argentinos. Quizás ya no hay espacio para esperar siquiera que el juez de vuelta el destino de la causa al no existir fallas procesales y siendo el propio fiscal quien omite exigir toda la fuerza de la ley y parece más que fiscal, abogado defensor del presidente. Los acuerdos oscuros donde se arregla con dinero, suelen ocurrir bajo la mesa. Aquí se producen a la luz del día, sin vergüenza.
Deberían saber, el fiscal, el juez y el propio Presidente, que hay cosas que no tienen precio. Que cerrando la causa con billetes, no se exime la condena social. Que la vergüenza y la bronca de entonces ahora también se convierten en asco ante una justicia prostituida. Que es flaco el favor que le hace al prestigio del poder judicial pero peor, que lo divorcia de la buena fe de las personas decentes y de a pie que ven que se esfuma la igualdad ante la ley cuando se trata de los poderosos. Que la justicia se compra y se vende. Que escupen en la cara de los que sufrieron en la pandemia. Que al final, Alfredo Yabrán tenia razón, cuando decía que “el poder es impunidad”.
Deberían saber, el fiscal, el juez y el propio Presidente, que hay cosas que no tienen precio
Un gobierno donde el presidente y la vice creen que pueden salir indemnes sin ir a juicio, siendo sobreseídos sin la consideración de sus faltas por parte de un tribunal, salteando los procesos o poniendo dinero, como en este caso, el Presidente. Ante eso estamos. El poder como una guarida donde es posible escapar al alcance de la ley. Y, la convalidación de lo injurioso por parte del propio ministerio fiscal. ¿Dónde vive el doctor Dominguez? ¿no vio desangrarse al país por la pandemia, en medio de pérdida de vidas y ruina generalizada de quienes no podían trabajar? Si la convivencia es el sentido del derecho, ominoso sello hace caer sobre los iguales quien consagra privilegios para los poderosos. Hay gente que pagó con maltratos, multas, y hasta detención cualquier violación a la cuarentena. Al menos podrían haber tenido la decencia de proseguir con la causa. Ni el pudor del disimulo le ofrece el fiscal a los argentinos de bien. Pudor que claramente no tuvo el Presidente, que persiste en su ofensa al ofrecer dinero. Porque el que se arrepiente de corazón, no compra las disculpas por sus pecados. Quizás Alberto Fernández zafe ante un tribunal y no le importe haber prometido con aires de comisario que a los idiotas que violaran la cuarentena les caería toda la fuerza de la ley.
No hace falta decir que nos toma a todos por idiotas. Y que la justicia no asegura a los argentinos, ni justicia. Tiene trabajo y más trabajo el Consejo de la Magistratura. Podrá comprar tribunales. Lo que no tendrá jamás precio, señor Presidente, es su propia palabra que usted se ha empeñado en devaluar como una moneda falsa una y otra vez, y vuelve a hacerlo ahora.
