Hoy, 1° de septiembre, se cumple un año del intento de asesinato a la vicepresidenta, Cristina Kirchner y una pregunta clave es cuál es el estado de la causa que investiga el hecho que marcó la agenda política durante varios días.
La causa fue caratulada como «homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa».
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La parte más importante del expediente se encuentra elevado a jucio, a cargo del Tribunal Federal Oral número 6. Durante los siguientes días, la fiscalía, la defensa y querellas podrán presentar las pruebas para el debate oral que todavía no tiene fecha de inicio, acorde a lo indicado por la Agencia Télam en comunicación con fuentes judiciales.
Se pidió la elevación a juicio de la investigación porque en su momento, la fiscalía consideró que el accionar de los acusados había sido «premeditado», lo que significa que elaboraron «un plan para llevar a cabo el asesinato de la Vicepresidenta de la Nación», pero al mismo tiempo indicaron que no se encontró evidencia que asevere que además de los autores materiales hubo autores intelectuales.
El Tribunal Oral número 6 no cuenta con jueces titulares por lo que hasta ahora, está conformado por los subrogantes Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari. En cuanto al debate oral, estará a cargo de la fiscal. Gabriela Baigún. En el juicio participará la querella de la exjefa de Estado, integrada por abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.
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En el debate oral, Fernando Sabag Montiel, quien disparó el arma contra Cristina pero cuya bala no salió, será defendido por la abogada María Fernanda López Puleio; la presunta coautora del hecho, Brenda Uliarte eligió al abogado Carlos Telleldín; y Nicolás Carrizo, supuesto partícipe secundario, continuará su defensa con Gastón Marano.
Respecto al diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, acusado de haber planeado supuestamente el atentado contra Cristina en un bar del centro porteño, la Cámara Federal de la Ciudad ordenó el secuestro de su celular, el cual el legislador terminó dando en forma voluntaria y cuya revisión fue aprobada por la Cámara de Diputados. Pero la presunta planificación del hecho no fue elevada a jucio.
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