Argentina se ubicó en el puesto 52° en el ranking mundial de acceso a la información, que incluye 120 países, acorde con los últimos datos de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 difundidos por la organización Ruido, Red contra el silencio oficial. Además, nuestra nación no logró nunca los 61 puntos, que es el número mínimo que se precisa para incentivar el debate público, según la encuestadora de EEUU, International Budget PartnerShip (Alianza Internacional por el Presupuesto).
Durante los últimos 20 años, Argentina no sólo jamás llegó a los 61 puntos, sino que en el último análisis pasó de un puntaje de 58/100 a 50/100. En lo que respecta a América Latina, nuestro país se encuentra por debajo de Perú, Ecuador, Chile y Bolivia en referencia a la transparencia de los organismos.
Foto: Sitio web Ruido
En esa línea, el Congreso obtuvo 42 puntos a raíz de que todavía «sigue sin evaluar sistemáticamente la ejecución presupuestaria durante el año«. En contraposición, la Auditoría General de la Nación alcanzó los 78 puntos.
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En conclusión, la evaluación puso el foco en la necesidad de nuestro país de que «los recursos públicos sean realmente abiertos y democráticos».
CÓMO SE REGULA LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN ARGENTINA
Argentina cuenta con la ley 27.275 que establece el acceso a la información pública, «cuyo objetivo es «garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública».
Es por eso, que determina como uno de los principios básicos, la «transparencia y máxima divulgación». En ese sentido precisa que «toda la información en poder, custodia o bajo control del sujeto obligado debe ser accesible para todas las personas» y agrega que además debe garantizarse el «máximo acceso» por lo que «la información debe publicarse de forma completa, con el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles».
