Alberto Fernández declaró hoy por la Causa Seguros ante el juez, Julián Ercolini, en los Tribunales de Comodoro Py. El expresidente negó las acusaciones y no respondió las preguntas del fiscal, Carlos Rívolo, que lo acusa de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
El exmandatario presentó un escrito y contestó únicamente lo que le preguntó su defensora, Mariana Barbitta.
Además, dejó en claro que insisitirá con la recusación del magistrado. «Yo sabía que usted no iba a ser imparcial, por eso lo recusé», afirmó.
Y siguió: «Yo creo que este acto es nulo, porque pedí la nulidad de la declaración indagatoria porque no cumple con ninguno de los requisitos».
Fernández es investigado por supuestas irregularidades en la contratación de seguros para las entidades públicas. El expresidente firmó en 2021 un decreto por el que obligaba a las dependencias del Estado a contratar pólizas de seguro mediante Nación Seguros S.A.
Alberto Fernández declara en la Causa Seguros: vínculos, contratos y millones bajo la lupa
«Hasta el decreto 823/2021 que yo dicté, el Estado se aseguró con empresas privadas con intermediarios en un sistema que favoreció la cartelización del sistema asegurador y los más espurios negocios», aseguró Fernández.
Y añadió: «Estamos hablando es de una decisión política que no debería ser objeto de materia penal ni de judicialización». «No entiendo qué hago dando explicaciones de esto ante un juez penal», manifestó.
Es más, catalogó al decreto por el que lo citó Ercolini como «decrépito».
Al finalizar la citación, Barbitta dialogó con la prensa y reconoció que «la situación fue tensa».
«Fue una declaración muy larga», indicó y aseguró que el exjefe de Estado «explicó con certeza cómo y qué significa los procesos respecto de los seguros. En ete punto, hizo hincapié en que de ninguna manera el decreto habilitó algún tipo de intermediación.
Su letrada se refirió al decreto presidencial para la contratación de los seguros y sostuvo: «El decreto es jurídicamente impecable».
«Está sostenido inclusive en el marco de una decisión administrativa. No hay ninguna discusión sobre el decreto. El objetivo del decreto estuvo relacionado justamente con cortar la cartelización», remarcó.
Ahora Ercolini tiene 10 días para definir la situación judicial de Alberto Fernández y las opciones son tres: procesarlo, dictar su sobreseimiento o determinar que hay falta de mérito, si argumenta que aun faltan elementos.
Si se inclina por la última alternativa, la causa retorna al fiscal Rívolo para que continue investigando.
