Alberto Fernández le envió, en la tarde de hoy, una carta al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, en el marco del juicio de la obra pública en el que Cristina Kirchner se encuentra imputada.
Mediante un texto de cinco páginas, el presidente le respondió al funcionario, quien sostuvo que el accionar del mandatario respecto de la causa «es una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones» y le dijo que sus expresiones «de modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar a un funcionario». Y para justificar su declaración, hizo hincapié en que «fueron vertidas cuando el fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso».
Por lo tanto, aseveró: «Me he expresado en el marco del derecho a la libertad de expresión garantizado en la Constitución Nacional y sin infringir los límites establecidos en su artículo 109, toda vez que no he ejercido funciones judiciales, ni me he arrogado el conocimiento de causas pendientes ni he restablecido las fenecidas».
Se comparte a continuación la respuesta del Señor Presidente de la Nación a la misiva que le hiciera llegar oportunamente el procurador adjunto interinamente a cargo de la Procuración General de la Nación. pic.twitter.com/KXOd2g6cyM
— Casa Rosada (@CasaRosada) August 26, 2022
En consecuencia, aseguró que «lejos de importar un ‘menoscabo’ a la independencia y a la autonomía, o una injerencia indebida en el proceso, mis declaraciones constituyen una expresión de lo que observa una gran parte de la ciudadanía: que, a la hora de actuar, muchos magistrados y funcionarios de la Justicia federal prestan más atención a determinados intereses fácticos y/o políticos que a las normas vigentes, y que esta situación hiere a la democracia».
Es por eso que subrayó que «el Poder Judicial y sus magistrados y sus funcionarios no están ni podrán estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática»
En ese sentido cuestionó el trabajo de Casal y recalcó que «el celo que muestra su carta respecto del cuidado de los procesos penales hubiera sido importante, para la salud democrática de nuestro país, que se plasmara también en impulsar investigaciones transparentes respecto de las motivaciones reales que tuvieron algunas visitas realizadas por destacados miembros del Poder Judicial al expresidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada; en el rol que tuvo el prófugo ‘Pepín’ Rodríguez Simón y otros ex funcionarios en la llamada ‘Mesa Judicial'».
«Esta doble vara para medir hechos institucionales y esta sistemática asimetría en las posturas adoptadas por parte de algunos importantes magistrados y funcionarios de la justicia federal e incluso del propio Sr. Procurador Adjunto frente a los distintos actores políticos, tornan aun más necesarios que se abran estos debates para cuidar la democracia, y para que en la región no vuelva a ocurrir la afectación de los procesos electorales y de la vida democrática de la sociedad por la actuación de la Justicia con intereses políticos y/o fácticos«.
