El Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, fue allanado en la tarde del lunes en el marco de la causa de la distribuidora Rey que denunció que el gremio le exigía pagar una coima para levantar el bloqueo a la empresa. La orden fue dada por la jueza María Eugenia Maiztegui y el objetivo era la búsqueda de documentación que acredite una presunta deuda por parte de la firma, que según el sindicato, fue lo que originó la protesta.
En cuanto a la causa, comenzó cuando Ricardo Rey, el dueño de la compañía, llevó a cabo una denuncia, que recayó en la Fiscalía número 7 de San Pedro cuya titular es la magistrada María del Valle Viviani. En ese entonces, el denunciante afirmó que miembros de Camioneros iniciaron un asamblea, sin avisar previamente, con los empleados que están afiliados al sindicato.
Es así como Rey denunció puntualmente a Maximiliano Cabaleyro, delegado regional y secretario general de la CGT San Pedro-Baradero; y Fernando Espíndola, también integrante de Camioneros, quienes ya fueron detenidos y acusados de extorsión.
¿QUÉ PASA SI NO SE ACREDITA LA DEUDA?
En el caso de que la Justicia no halle documentación que respalde la acusación de Camioneros, la acusación de coacción, que es la que hay en la actualidad, se transformaría en una acusación por extorsión y, en consecuencia, la pena aumentaría de un máximo de 4 años a un máximo de 10.
PRISIÓN PREVENTIVA
Esta mañana en una entrevista a Radio Mitre, la fiscal Viviani anticipó que está «en condiciones de solicitar la preventiva para Cabaleyro y Espíndola», los dos detenidos en el marco de la causa. Asimismo, explicó que investiga a los dos sindicalistas por llevar a cabo «maniobras» contra la empresa Rey «con fines extorsivos y de intimidación», a fin de «obtener mejoras para el gremio o, en forma personal, dinero en efectivo».
