Amnistía Internacional publicó una carta con contundentes críticas al Gobierno de Javier Milei en lo que respecta a los derechos humanos en Argentina.
Acusó a la gestión libertaria de «encabezar una confrontación violenta e intolerante, propia de prácticas autoritarias».
También puso el foco en la economía del país, en especial en la cantidad de pobres. Si bien «desde la organización, reconocemos que la crisis económica y social que ha atravesado el país desde hace años exigió un cambio».
«Nos alarma el incremento de la pobreza y que, en nombre de la libertad, se ataquen y vulneren los derechos humanos y las mismas libertades públicas», subrayó.
Aquí también se centró en los haberes mínimos de los adultos mayores, que alcanzaron «mínimos no observados», y en respuesta el Gobierno «ha anunciado el interés de aumentar la edad jubilatoria o propuesto otorgar jubilaciones proporcionales a los aportes», lo cual «seguramente orillará» a que más personas de la tercera edad «vivan por debajo de la línea de pobreza».
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También remarcó que La Libertad Avanza «ha librado una batalla contra los derechos de las mujeres», al hacer que pasara a ser responsabilidad de las provincias el Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) y criticó que se considere a la interrupción voluntaria del embarazo, vigente en Argentina, como la «agenda sangrienta del aborto», ya que esto, lleva al «debilitamiento institucional» de las políticas contra la violencia de género.
Entre las cuestiones que más le preocupan a la entidad se encuentran: «la libertad de expresión bajo ataque», la «precariedad económica» y «el debilitamiento de las políticas de género». Por lo que llamó en forma «urgente» a que se reviertan las medidas contra las políticas públicas que garantizan los derechos humanos.
A su vez, puso el foco en las redes sociales y sostuvo que la alarma que esta administración «encabece una confrontación violenta e intolerante, propia de prácticas autoritarias, que utiliza discursos de odio y desinformación como estrategia para silenciar y censurar a quienes piensan diferente», ya sean, periodistas, dirigentes de la oposición y organizaciones sociales.
«Estos mensajes han sido multiplicados por integrantes de su gobierno, especialmente en las plataformas digitales X y TikTok, generando con frecuencia aluviones de agresión y odio», agregó.
Y recordó que «desde que inició su administración, Amnistía Internacional ha documentado el ataque y hostigamiento a al menos 30 periodistas, poniendo en serio riesgo la libertad de expresión».
En consecuencia, aseveró que «el desprestigio, la difamación y la estigmatización se han utilizado para intimidar el ejercicio de la prensa libre e independiente que pregunta o cuestiona las medidas adoptadas por su administración».
Además, criticó la manera en la que la gestión de Patricia Bullrich, a cargo de la cartera de Seguridad, aborda las protestas.
«El Ministerio de Seguridad aprobó una serie de resoluciones que imponen severas restricciones a la protesta pacífica y habilitaron el uso abusivo de la fuerza, el uso indiscriminado de armas menos letales, gases lacrimógenos y balas de goma dirigidas al rostro, tanques hidrantes y mecanismos de vigilancia en redes sociales», precisó.
«Parece buscarse imponer un clima de temor que inhabilite las expresiones de disconformidad, propias de la libertad de pensamiento y expresión, que deben ser garantizadas en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos», alertó.
Ante este panorama, dejó en claro que «la libertad, señor presidente, no es un concepto aislado, es un derecho humano reconocido y protegido por el derecho internacional que vincula al Estado argentino y a todas sus instituciones».
Y añadió: «La libertad está indivisiblemente relacionada con el reconocimiento, sin discriminación, del derecho de las personas a vivir una vida digna, libre de violencias, con acceso a servicios públicos de calidad, y a que no se ponga en riesgo su vida e integridad».
«Señor presidente: para que La Libertad Avance, Ud., como jefe de Estado, debe garantizar y velar por el cumplimiento de todos los derechos humanos por igual», concluyó.
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