Amnistía Internacional alertó sobre el hostigamiento del Gobierno nacional contra periodistas y los ataques a la libertad de expresión en Argentina en la administración de Javier Milei.
La entidad advirtió que envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Relatorías Especiales de defensores de derechos humanos y de libertad expresión para denunciar las agresiones.
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En un comunicado, apuntaron que en lo que va desde la asunción del mandatario libertario “cerca de 30 periodistas recibieron hostigamiento en redes socio digitales y medios de comunicación”.
“El actual gobierno lleva pocos meses de gestión, sin embargo, estamos siendo testigos de cómo la confrontación, odio, temor y las noticias falsas violan reglas básicas del Estado de derecho”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Remarcaron que la red social X (anteriormente Twitter) “se convirtió en la herramienta preferida del gobierno para los señalamientos y acusaciones”. “A través de posteos y reposteos, los periodistas y comunicadores han estado en la primera línea de ataque: ‘mentirosos’, ‘ensobrados’, ‘idiotas’, ‘violentos’, ‘agresivos’, ‘despreciables’, ‘imbéciles’, son algunos de los calificativos e insultos elegidos”, explicaron.
Entre los periodistas que han estado en la mira del Gobierno, mencionaron a Marcelo Longobardi, a quien calificaron como “’dinosaurio’, ‘idiota’, ‘chanta’ y ‘pifiador serial’ a través de la cuenta del presidente”.
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Desde Amnistía Internacional cuestionaron ante la CIDH “la arbitrariedad con la que el gobierno decidió remover la acreditación de la periodista Silvia Mercado”. Y resaltaron que los ataques suelen tener “un anclaje más profundo cuando las víctimas son mujeres”.
Por otro lado, puntualizaron en el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni de “dictar lineamientos para la acreditación a Casa Rosada que pudieran devenir en un ejercicio arbitrario y selectivo para limitar las voces que pueden preguntar e indagar sobre las medidas de gobierno”.
En este contexto, pidieron a la CIDH y las Relatorías Especiales que exhorten al Estado argentino “a que se abstenga del uso de discursos y mensajes criminalizantes y a establecer recomendaciones específicas sobre el rol de los funcionarios públicos y el impacto de las comunicaciones del Estado en el rol del periodismo”.
“Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de un Estado de derecho. Cuando quien agrede es el presidente de la Nación está claro que tendrá efectos aún más profundos sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión y la información. Pero, además, la descarga de odio contra los profesionales de prensa no hace sino habilitar y promover el hostigamiento, las amenazas y la violencia. En efecto, la palabra del funcionario es seguida de un aluvión de mensajes que reproducen agresiones y hostilidad”, reclamó la entidad.
