El reciente decreto 137/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo designó a dos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin el acuerdo del Senado, ha generado fuertes cuestionamientos por parte de diversas organizaciones y especialistas en derecho constitucional. Amnistía Internacional Argentina, en un comunicado conjunto, alertó sobre las implicancias de esta decisión, calificándola como un grave retroceso para la independencia judicial y la calidad institucional del país.
Según el documento, la medida constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo y una vulneración de la división de poderes establecida en la Constitución Nacional. La organización argumentó que el mecanismo utilizado se aparta del procedimiento constitucional que exige la aprobación del Senado con una mayoría de dos tercios. Este requisito, según el comunicado, busca evitar que un solo partido político pueda designar jueces sin los consensos necesarios para garantizar la imparcialidad del máximo tribunal.
Además, el comunicado de Amnistía Internacional señala que el decreto desconoce las múltiples objeciones expresadas durante el proceso de evaluación pública de los candidatos.
El comunicado enfatiza que las reglas constitucionales no son meras formalidades, sino garantías esenciales para el equilibrio de poderes. En este sentido, advierte que la designación de jueces sin el acuerdo del Senado compromete la legitimidad del máximo tribunal, dejando a dos de sus cinco integrantes en una situación de provisionalidad que los expone a presiones externas y afecta su credibilidad ante la ciudadanía.
En abril de 2024, el Gobierno propuso a Lijo y García-Mansilla como candidatos para cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema. Luego del período de adhesiones e impugnaciones, a finales de mayo, los pliegos fueron enviados al Senado. En agosto, ambos postulantes se presentaron ante la Comisión de Acuerdos para responder preguntas de los senadores.
Sin embargo, el proceso quedó estancado debido a la falta de apoyo suficiente para que sus nominaciones obtuvieran dictamen de comisión.
El gobierno ahora planteó que había convocado al Congreso a sesiones extraordinarias entre el 20 de enero y el 21 de febrero, incluyendo en la agenda parlamentaria el tratamiento de los pliegos para la Corte Suprema. En los fundamentos del reciente decreto de designación, el Poder Ejecutivo destacó que su intención era que el Senado se pronunciara a favor o en contra de los nombramientos. Sin embargo, el período extraordinario finalizó sin que el Senado emitiera una decisión, dejando sin resolución las vacantes en el tribunal. Ante este escenario, y considerando que el Congreso permanece en receso hasta el 1° de marzo, el Gobierno justificó el nombramiento en comisión como una medida necesaria para garantizar el funcionamiento pleno de la Corte Suprema.
Por otro lado, Amnistía Internacional destacó que la búsqueda de consensos políticos en la integración de la Corte es clave para asegurar la seguridad jurídica y la estabilidad institucional del país.
En este contexto, subraya que la Corte Suprema dispone de mecanismos institucionales que le permiten seguir funcionando con tres miembros hasta que se concrete su debida y necesaria integración conforme a lo estipulado en la Constitución.
En cuanto al impacto de esta decisión en la percepción ciudadana del Poder Judicial, el comunicado advierte sobre el riesgo de un deterioro en la confianza en las instituciones democráticas.
“Argentina no merece una Corte designada por decreto, ni un sistema de justicia que desprecie el valor de la independencia y la imparcialidad” afirman.
La organización exhorta a las autoridades a respetar el debido proceso institucional y garantizar que las designaciones judiciales se realicen en el marco de los procedimientos constitucionales previstos.
El debate sobre la independencia judicial y la calidad institucional en la Corte Suprema ha cobrado un nuevo impulso tras las recientes designaciones. Mientras diversos sectores han manifestado su rechazo a esta medida, el oficialismo sostiene que su objetivo es «normalizar» el funcionamiento del máximo tribunal, argumentando que no es viable que cumpla su rol con normalidad con solo tres miembros. En este escenario, el tema continúa en el centro de la agenda pública y sigue generando intensos cuestionamientos y posicionamientos políticos.
