El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó la aprobación de la Ley Ómnibus, y apuntó contra uno de los proyectos más importantes para el Gobierno: el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Este apartado establece beneficios para la inversión de más de 200 millones de dólares, entre ellos seguridad jurídica, ya que el Ejecutivo estableció que “cualquier norma o vía de hecho, nacional o local, por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente Título, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia Federal deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”.
“Como está redactado es inconstitucional, porque viola la división de poderes e impone la idea absoluta e insanable cuando eso solamente puede provenir de la Constitución”, señaló Gil Domínguez a Newsweek Argentina.
El abogado explicó que el artículo que “protege al RIGI respecto de toda norma dictada o que se dicte nacional, provincial o municipal y le impone la Justicia Federal declarar la nulidad de todas ese tipo de normas, implica en primer lugar violar la división de poderes, porque se mete con el Poder Judicial; y también lo que está haciendo es imponiendo la nulidad absoluta insanable desde una ley, que esto solamente lo puede establecer la Constitución”.
Al respecto, remarcó que “una ley no le puede decir al Poder Judicial ‘usted tiene que hacer sí o sí esto’”
Gil Domínguez también volvió a apuntar contra las facultades delegadas para Javier Milei, ya que según afirmó las que se le otorgaron en la Ley Ómnibus junto con las de DNU 70/2023 “posibilitan a este Presidente a hacer una modificación indirecta del sistema constitucional en lo que respecta el orden socioeconómico previsto por la Constitución y los tratados sobre Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional”.
Si bien hubo un recorte importante de las facultades, ya que pasaron de ser 16 materias a apenas cuatro (administrativa, económica, financiera y energética), el constitucionalista advirtió que “las dos primeras son muy amplias” y le permiten “reformular el Estado como él quiera”.
Dentro de las medidas que podría tomar, se encuentran desregular la economía y hacer que “el Estado no tenga ningún tipo de intervención y no se proteja los derechos de los usuarios y consumidores, especialmente los sectores más vulnerables”. También podría evitar desarrollar políticas públicas en materias como derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación; como también implementar otras “contrarias al ambiente”.
Otro punto, que fue marcado en el debate en Diputados, es que con esta ley, el Ejecutivo podría reducir la planta de empleados estatales “que tienen estabilidad propia por el artículo 14 bis de la Constitución de forma irregular”, lo que podría derivar en juicios masivos contra el Estado por inconstitucionalidad.
La advertencia de Héctor Recalde sobre la reforma laboral: «Va a haber cataratas de juicios»
“En la medida que la reorganización de todos esos órganos implique dejar a gente que tiene estabilidad propia del empleo público sin trabajo o despedirla, va a haber mucho juicios. Pero el problema va a ser la afectación de los derechos de esas personas”, arremetió.
Aunque remarcó que las bases de las facultades delegadas “son muy amplias”, admitió que “no hay una una transferencia brutal” del poder de legislar del Congreso como ocurría con el proyecto anterior.
