Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, habló con Antonio Fernández Llorente en la Radio 990 sobre el tema de que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias y explicó que «el artículo 110 de la Constitución lo que asegura es la intangibilidad de los salarios de los jueces mientras duren esos cargos».
En esa línea precisó que «está pensado para que no se le disminuya abruptamente su salario y se les impida tener un dinero digno que le permita ejercer sus funciones«, pero «no está pensando para sustraerlos en forma desigualitaria de un tributo que paga toda la población», subrayó.
Por lo tanto, sostuvo que «no hay ningún argumento constitucional para que los jueces y juezas no paguen el impuesto a las Ganancias«.
El periodista le preguntó en el caso de que se apruebe una nueva ley que establezca que los magistrados paguen Ganancias si la normativa puede ser retroactiva, es decir, que aquellos que ya están en el Poder Judicial tengan que pagar el tributo, a lo que el letrado indicó que «los jueces y juezas han cobrado algo que no tenían que cobrar» al tiempo que aclaró que «la sociedad no va a reclamar que devuelvan lo que cobraron demás, sino que a partir de este momento paguen lo que tienen que pagar».
En ese sentido, remarcó que «cuando no todos son iguales ante la ley empieza a haber un problema porque la sociedad se aleja y empieza a descreer, y no le cree al sistema judicial» y agregó que «la base de la legitimidad del sistema judicial son los argumentos que exponen para resolver los casos y el alto grado del consenso y legitimidad que tienen ante la sociedad cada vez que resuelven».
«Entonces se genera un grave problema de legitimidad general del Poder Judicial cuando la sociedad percibe que hay privilegios injustificados y hay situaciones que tiene que afrontar toda la sociedad y el Poder Judicial no las afronta», marcó y enfatizó que «la credibilidad es clave para el funcionamiento del Poder Judicial».
«Los jueces no son elegidos por la gente, no se renuevan en elecciones por lo que legitimidad democrática son los argumentos con los que resuelven casos«, aseveró y por lo tanto, advirtió que «cuando se pierde eso, el Poder Judicial entra en crisis«, ya que, «la Justicia pierde legitimidad y se distancia de la sociedad y entra en crisis el sistema«.
En ese punto, hizo hincapié en que eso se da a raíz de que «la gente percibe que quienes tienen que administrar Justicia, resolver los casos controversiales de su vida tienen un privilegio que el resto de la sociedad no tiene» e insistió con que «no hay ningún justificativo para tener ese privilegio«.
