El rechazo de jueces y la oposición al proyecto impulsan al Gobierno a hacer cambios para evitar un revés político como la fallida expropiación de Vicentin. Si bien está prevista la media sanción de la propuesta en el Senado, el panorama cambia en Diputados donde el Frente de Todos no tiene mayoría. Por otra parte, el interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados anticipó que no tratará el proyecto de manera virtual.
Entre las múltiples críticas que recibió el proyecto está el plan de disolver la Justicia criminal y correccional porteña. El presidente de la Cámara del Crimen Alberto Seijas planteó que éste es el fuero se ocupa de “los delitos que afectan a la ciudadanía en general” como asesinatos, casos de violencia doméstica, hurtos y extorsiones y que la reforma judicial podría “dejar a jueces sin materia a tratar”.
Si bien el viernes caducó el acuerdo entre el oficialismo y la oposición para sesionar virtualmente, el Frente de Todos confía en que se mantendrá esta modalidad por el aumento de casos de coronavirus. Sin embargo, Juntos por el cambio se opone: el legislador radical Luis Petri exigió que el debate se lleve a cabo «desde las bancas y de cara a la sociedad». De la misma forma se expresaron, el jefe del bloque del PRO Cristian Ritondo y el legislador Juan Manuel López, de la Coalición Cívica quien afirmó que la propuesta «no es prioridad, está mal planteada y no se puede debatir de manera virtual».
En el Frente de Todos en el Senado empieza a hacerse oír la necesidad de introducirle modificaciones a la reforma de la Justicia Federal Penal para evitarle una frustración y su consecuente desgaste político a Alberto Fernández. Por su parte, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, negó la semana pasada que el proyecto buscara favorecer judicialmente a Cristina Kirchner en las causas de corrupción que enfrenta, tal como aseveró Juntos por el Cambio.