El fiscal federal Carlos Rívolo solicitó mandar a juicio a Fernando Sabag Montiel y a su novia Brenda Uliarte como coautores del intento de asesinato a Cristina kirchner, el pasado 1° de septiembre cuando la vicepresidenta estaba por ingresar a su departamento ubicado en el barrio porteño de Recoleta
A su vez, según informó Noticias Argentinas, pidió que también deba ir a juicio, Nicolás Carrizo, conocido como «el jefe de los Copitos» en calidad de partícipe secundario.
En la solicitud realizada ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, el fiscal aseveró que los acusados actuaron de manera «premeditada», es decir que «habían ideado un plan para llevar a cabo el asesinato» de Cristina.
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En esa línea, Rívolo precisó: «Aprovechándose de la confusión y desprolijidad que generaba la multitud de personas, Sabag Montiel extiende su brazo para pasar la primera línea de individuos que conformaban un cordón humano frente a la vicepresidenta, apunta el arma de fuego que portaba en dirección a su rostro, la acerca a escasos centímetros y acciona el gatillo, al menos en una oportunidad, llegándose a escuchar incluso el click«.
El accionar de Sabag Montiel se vio interrumpido en primer lugar por los militantes que se encontraban en el lugar del hecho para saludar a la expresidenta y en segunda instancia, por los custodios de la Policía Federal que estaban a cargo de la protección de Cristina.
Aparte de disponer de las imágenes de las cámaras de seguridad, el fiscal también se apoyó en otras evidencias como los mensajes que Sabag Montiel y Uliarte se enviaron para planificar el hecho muchos días antes del atentado en si.
Ambos tenían previsto alquilar un departamento próximo al inmueble de la exmandataria para desde un balcón dispararle con un arma de fuego, idea que se encuentra en las charlas entre ambos.
En cuanto a Carrizo, quien fue detenido semanas después del hecho, la fiscalía tuvo en cuenta una conversación minutos luego del intento de asesinato entre él y Uliarte, donde él pensaba que el arma que había usado Sabag Montiel era suya.
«Estamos decididos a matarla a la puta esa»,afirmó Carrizo quien además tuvo una charla con otros individuos a los que les dijo que él había formado parte del armado del hecho.
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«Corresponde mencionar que, durante la instrucción, al menos hasta este momento y luego de haberse producido numerosas medidas tanto por esta Fiscalía como por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), no se ha podido corroborar, tanto que el ataque investigado haya requerido de una financiación específica, como que los imputados hubieren recibido financiación externa o pago alguno para llevarlo adelante», sostuvo la Fiscalía.
«Respecto a la financiación del ataque, resulta objetivo e incontrastable que la logística y la materialidad del acto en sí, no requirió de una gran inversión de dinero u otros recursos», remarcó y agregó que el arma usada pudo llegar de manera gratuita a Sabag Montiel debido a que correspondía a un amigo suyo que había muerto hace un tiempoy con el cual él había convivido.
«En cuanto a una posible financiación o pago directo a los imputados, la prueba incorporada también permite, por el momento, descartarlos», señaló y añadió: «Sobre ello, indicó que Sabag Montiel apenas tenía ingresos de dinero por trabajar con una aplicación de traslados y ella contaba con un plan asistencial de la ANSES. Carrizo era quien les había cedido a ellos la maquina de hacer copitos de azúcar para poder trabajar en venta ambulante en la vía pública».
«Los nombrados no recibieron durante los dos años previos al atentado ninguna suma de dinero que hiciera presumir que hubiesen sido financiados para llevar adelante un hecho como el aquí investigado, pues todas las transferencias e ingresos analizados guardan absoluta correlación con las actividades informales que los nombrados realizaban para subsistir», precisó el fiscal.
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Además, Rivolo marcó: «No surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso» y sumó: «Tampoco lo dicho por los testigos apuntó en dirección a terceras personas, o a la relación de los imputados con agrupaciones o partidos políticos, etc».
Por lo tanto, insistió: «Toda la prueba reunida hasta aquí revela que los imputados llevaron a cabo el acto por sí solos».
A partir de la solicitud del fiscal, la magistrada informará a las partes, defensas y querella a fin de que brinden su opinión. Después establecerá si la investigación pasa a instancias de juicio oral para juzgar a los tres detenidos. Sin embargo, una parte de la causa podría continuar investigándose si se considera que todavía faltan más medidas de prueba.
CRISTINA: QUERRELLANTE EN LA CAUSA Y SU ACUSACIÓN A LA OPOSICIÓN
La fiscalía, a quien se le delegó la causa, lleva cabo este requerimiento cuando la exmandataria que es querellante en la investigación pidió mayores medidas de prueba y relacionó a dirigentes de la oposición con el hecho, como el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman y la precandidata a presidente del PRO, Patricia Bullrich.
Un asesor legislativo del oficialismo declaró que dos días antes a que se produjera el atentado contra Cristina, hubo un reunión entre Milman y dos de sus asesores en un café en las inmediaciones del Congreso en donde el legislador supuestamente manifestó que viajaría a la Costa Atlántica «cuando maten» a la exjefa de Estado.
Milman no fue imputado pero sí se encuentra bajo investigación una de sus secretarias respecto a si dijeron o no la verdad acerca de que esa presunta declaración de Milman es falsa.
Cristina Kirchner vinculó a Patricia Bullrich con su intento de asesinato
Fuente: NoticiasArgentinas.com
