El Gobierno anunció su intención de modificar la Ley de Migraciones para permitir que las universidades públicas cobren aranceles a estudiantes extranjeros no residentes.
Según un informe del Ministerio de Capital Humano, actualmente hay 79.834 estudiantes extranjeros matriculados en universidades públicas, representando el 4,3% del total. Este análisis se centra en estudiantes de pregrado y grado, ya que los programas de posgrado ya son arancelados, donde el 9,2% de los alumnos son extranjeros, según datos entre 2022 y 2023.
La mayoría de los estudiantes extranjeros provienen de países latinoamericanos y Estados Unidos:
Brasil encabeza la lista con 13.964 estudiantes, seguido por Perú (13.622), Paraguay (9761) y Bolivia (8957). También hay presencia significativa de Colombia, Venezuela, Ecuador y Chile. En menor proporción, llegan estudiantes de Europa (2,87%), Asia (0,8%), África (0,44%) y Oceanía (0,6%).
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien destacó que el objetivo de la medida es fomentar un orden migratorio y generar recursos adicionales para las universidades públicas. Según Adorni, esta propuesta busca proteger los intereses de los ciudadanos argentinos y contribuir al financiamiento de la educación superior.
Un ejemplo mencionado es que uno de cada tres estudiantes de medicina en Argentina no es argentino.
La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, respaldó la iniciativa y afirmó que cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros sería «muy justo», ya que los impuestos que pagan los ciudadanos argentinos son los que sostienen el sistema educativo. Sin embargo, aclaró que la implementación dependerá de la aprobación del Consejo Superior de las universidades, que decidirá cómo aplicar la medida.
Representantes de las universidades públicas señalaron que para concretar esta iniciativa será necesario reformar no solo la Ley de Migraciones, sino también la Ley de Educación Superior. Desde el Gobierno, indicaron que el proyecto será gestionado por la Jefatura de Gabinete en coordinación con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación.
