La vicepresidenta Cristina Fernández de Kichner y un centenar de empresarios fueron sobreseídos por el juez federal Julián Ercolini en uno de los capítulos de la llamada causa “Cuadernos”.
En uno de los tramos que se desprende de la investigación central, se acusaba a la entonces presidenta y a los proveedores de “cartelización de la obra pública”. El caso, iniciado por el ya fallecido juez Claudio Bonadío, se basó en la denuncia por los movimientos financieros del financista Ernesto Clarens, quien se acogió a la figura del “imputado colaborador” (“arrepentido”), vinculados a la adjudicación de obras la Dirección Nacional de Vialidad a distintas empresas.
Bonadío, en primera instancia, había procesado a todos por asociación ilícita y cohecho, pero la Cámara Federal había pedido revisar esa decisión, ya que no todos los empresarios debían estar implicados. Ercolini, quien subroga el juzgado de Bonadio, advirtió que “no fue posible, a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos referidos en este resolutorio”.
«Muchos de los empresarios y/o empleados de alto rango que fueron indagados oportunamente –más allá del temperamento expectante adoptado-, resultaron prácticamente desvinculados de la investigación, ya sea porque las empresas de las que eran responsables y/o ellos mismos no fueron mencionados en listados, ni anexos; ni por testigos, ni arrepentidos”, sostiene el fallo.
De este modo, al menos en este tramo de la causa se sobreseyó a Cristina Kirchner; al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al exsecretario de Obras Públicas, José López; al financista Clarens; y a una lista de poderosos empresarios que incluye a Juan Carlos Goycoechea, Juan Chediak, Aldo Roggio, Cristóbal López, Eduardo Eurnekian, Alejandro Radetic, Antonio Gómez, Manuel Uribelarrea y Mario Rovella, entre otros.
Pero la causa principal sigue su curso. Tanto la vicepresidenta como los funcionarios siguen acusados por asociación ilícita, basándose en los supuestos “cuadernos” de Oscar Centeno, el chofer del ex funcionario Roberto Barata, en los que se detallaban los supuestos sobornos para la adjudicación de las obras.
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