Se conoció una novedad en la Causa Vialidad en la que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, fue condenada a seis años de prisión más inhabilitación perpetua para desempeñarse en cargos públicos.
Tiene que ver con una decisión del fiscal, Diego Luciani, que involucra a Máximo Kirchner y a Nicolás Caputo y Fabián De Sousa y Jorge «Corcho» Rodriguez.
El funcionario denunció tanto al diputado y líder de La Cámpora como a los empresarios por «severas irregularidades» halladas en los chats de los télefonos presentados en la investigación.
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«Así vemos cómo, por ejemplo, el empresario Nicolás Caputo mantiene comunicaciones con José López (secretario de Obras Públicas de Cristina Kirchner) y le solicitó, por fuera de los canales administrativos correspondientes el pago de distintos certificados de obra», precisó Luciani en el escrito.
«El secretario de Estado López se encargó personalmente de asegurar el éxito de la gestión solicitada (por Caputo)», subrayó y agregó que «el intercambio de mensajes parece indicar la existencia de prácticas irregulares o, cuando menos, una conducta mancomunada reñida con el leal ejercicio de las funciones públicas».
El fiscal afirmó que los mensajes «siguen la connivencia, la práctica colusoria que se verifica en la licitación, la discrecionalidad en el manejo de la cosa pública». «En resumen, la falta absoluta de transparencia con la que se manejó la licitación, avasallando todos los principios que deben regir las contrataciones públicas», precisó.
LA ACUSACIÓN CONTRA MÁXIMO KIRCHNER
Luciani se centró en Máximo Kirchner y en las conversaciones del celular de López que «demuestran la existencia de nuevas y gravísimas irregularidades en el desarrollo de la licitación de la obra pública, que, consistía en pavimentar 100 cuadras de Río Gallegos» por lo que sostuvo que la obra «se adjudicó ilegalmente».
En ese punto, advirtió que «si se caía la licitación, ya no iban a poder hacerla porque estaba trascurriendo el último año del período presidencial de Cristina Fernández».
Frente a ese panorama, aseguró: «Detrás del verdadero armado de la licitación, estuvo Máximo Carlos Kirchner, junto a su asesor de confianza, el diputado santacruceño José Matías Bezi» e hizo hincapié en que «lo llamativo e inadmisible es que estas personas, que se encargaron de llevar adelante esta licitación absolutamente amañada y direccionada, no revestían, en ese momento, cargo alguno que les concediera facultades vinculadas a las obras públicas viales nacionales, provinciales o municipales».
Personas que trabajaban para el empresario Lázaro Báez «se reunían y conversaban con Matías Bezi, Máximo Kirchner, José López, entre otros, para definir las calles que iban a ser licitadas y, para fijar el objeto de la licitación», afirmó.
Para concluir, marcó: «La falta de transparencia es total, máxime cuando destacamos que la obra en la que se presentó una sola oferta fue adjudicada a la constructora Kank y Costilla, que según se acreditó pertenecía al Grupo Báez» y concluyó: «Esto no deja lugar a dudas en cuanto a que, ya desde sus inicios, esta licitación estuvo amañada y fue ilegalmente direccionada hacia una empresa de Lázaro Báez».
