El Gobierno nacional decretó el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), cuyas funciones ahora quedarán a cargo del Ministerio de Justicia.
La medida fue confirmada con el Decreto 696/2024, publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
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La intención de eliminar este organismo ya había sido anunciada hace meses, pero se oficializó luego de que se reglamentaron los capítulos sobre las reformas del Estado incluidos en la Ley Bases.
En el decreto, el Gobierno cuestionó al INADI por “el estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades”, a la vez que consideraron que “el diseño organizacional adoptado no resulta idóneo para alcanzar los objetivos constitucionales en la materia”.
Desde la administración de Javier Milei señalaron que un informe realizado por las nuevas autoridades del organismo revelaron “graves irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos; sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional; retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos e ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia”.
Entre los puntos, remarcaron que, al momento del cambio de Gobierno, contaba con 431 agentes activos distribuidos en 44 sedes de todo el país “sin control alguno sobre la efectiva prestación de sus labores”, cuyos salarios equivalieron en marzo de este año a $315.644.195,87. Además, aseguraron que hay aproximadamente 7788 actuaciones administrativas generadas desde el año 2016 sin resolver.
Por otro lado, resaltaron que “la obligación constitucional de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato no exige necesariamente la creación de un organismo descentralizado”, ya que “la lucha contra toda discriminación es uno de los altos propósitos de la ley fundamental y no conoce, ni podría conocer, de banderas políticas o ideológicas específicas”.
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“Teniendo en cuenta el fracaso del instituto de la intervención para lograr la normalización del funcionamiento del referido ente, los graves inconvenientes detectados que dan cuenta no solamente de irregularidades en la gestión de los recursos sino, más grave aún, en el incumplimiento por parte del Instituto de sus funciones específicas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, así como razones de índole operativa de la Administración Pública Nacional, y la ineficiencia e ineficacia del INADI constituyen motivos suficientes para disolver con urgencia el precitado organismo”, expresaron.
De esta forma, todos los recursos materiales y financieros pasarán a ser parte del Ministerio de Justicia, que quedará a cargo de la “elaboración y puesta en ejecución de las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”.
