Félix Lonigro, abogado constitucionalista, conversó esta mañana con Cristina Pérez en Radio Rivadavia sobre el no acatamiento del fallo de la Corte por parte del gobierno y aseguró que «estamos en la antesala de una anarquía institucional».
En esa línea indicó que «muchos hablan de golpe institucional», pero «teniendo en cuenta el sentido que los argentinos le damos a la palabra golpe, vamos a decir en todo caso, anarquía institucional» porque «habría un conflicto de poderes generado por el no cumplimiento del fallo de la Corte« y aclaró: «No porque la Corte haya tomado esta medida».
En ese punto, hizo hincapié en que «el gobierno no se anima a escribir que no va a cumplir con el fallo de la Corte porque el comunicado oficial que hubo de Alberto Fernández es que lo que van a hacer es interponer un recurso de revocatoria y pedirle a los gobernadores que pidan ser parte del expediente», pero «nadie se anima a decir no vamos a cumplir».
Sin guardarse nada marcó: «El absurdo de (Jorge) Capitanich de recomendarle al gobierno que no cumpla el fallo y si en la cabeza de Alberto Fernández está no cumplir con el fallo al menos no lo dijo públicamente más allá de lo que digan los que están alrededor».
¿EN QUÉ DELITOS INCURRIRÍA EL PRESIDENTE?
Al ser consultado acerca de «qué delito le cabe al presidente por esto», el letrado explicó que en «el Código Penal hay dos artículos, el 230 y el 239, que reprimen a aquellos que no cumplen con una orden emanada de un funcionario en ejercicio de sus potestades» y agregó: «En un caso alzándose contra la ejecucción de una decisión tomada por un órgano como sería la Corte». «Y en el otro caso, es simplemente para el que no cumple no para el que impida su ejecucción», añadió.
«Son parecidos, pero uno de ellos es una variante del delito de sedición», subrayó y sostuvo que «la sedición es un delito que se puede cometer de varias maneras, según el Código Penal, y una de ellas es evitando que se ejecute una orden, en este caso de la Corte» e indicó que «son penas que van de uno a cuatro años».
Además, sumó que «no cumplir un fallo de la Corte es mal desempeño» y remarcó que «sobre todo en este caso, cuando lo que no se cumple es una medida cautelar en la que tal vez, el día de mañana, el gobierno nacional se vea beneficiado con la razón, no lo sabemos». En ese sentido, aclaró que «el mal desempeño no es necesariamente un delito» pero «en este caso sí el mal desempeño es la comisión de un delito». En ese contexto, acerca del juicio político, precisó que «las causas son: mal desempeño o comisión de delito».
«ALBERTO FERNÁNDEZ CONFUNDE TODO»
Sobre las declaraciones de Alberto Fernández contra la decisión del máximo tribunal, afirmó que «el presidente confunde todo: no sabemos si realmente está confundido o si lo hace a propósito» y aseveró que «es una falacia total que este fallo afecta a las provincias». En ese sentido, recalcó: «¿Cuál es el motivo por el cual el gobierno de la nación se queda con el 40% de la coparticipación federal?» y consideró que «si lo que se queda es para las provincias porque directamente la recaudación de los impuestos coparticipables no se la da todas a las provincias en lugar de darle solamente el 55%».
En ese contexto, explicó que «el 42% le corresponde a la Nación y 55% le correponde a las provincias» y detalló que «en ese 55%, que se reparte entre las provincias, debería estar la ciudad de Buenos Aires, debido a que, en el 94 la Constitución lo dice expresamente, pero como la ley de coparticipación federal es del año 88, o sea, anterior y en ese año, la ciudad de Buenos Aires no tenía autonomía, entonces, la parte que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Nación la saca de su 42%».
«Y ahí, a través de acuerdos que hace con el gobierno local, le da más o le da menos», agregó y enaftizó que «la realidad es que hay un 42% que le corresponde a la Nación y de ese porcentaje, le quita o le da a la ciudad de Buenos Aires». Por lo tanto, dejó en claro que «las provincias no se ven afectadas».
Por último, se preguntó: ¿Desde cuándo La Corte cuando condena a alguien por una suma de dinero le tiene que decir de dónde saca los recursos?» y aseveró que «eso procesalmente no existe».
