Un sospechoso decreto que habilita la tercerización de los seguros del Estado. Comedores inexistentes que recibieron alimentos para los más necesitados. Cooperativas que se crearon y a los pocos días recibieron millones de pesos públicos para hacer miles de guardapolvos que no se entregaron. Fondos fiduciarios que se entregaban casi sin control a organizaciones sociales. Partidas discrecionales entregadas a provincias y municipios. Y hasta la posible ayuda económica a “falsas víctimas” de violencia de género.
Después del 10 de diciembre pasado, las denuncias contra la administración de Alberto Fernández se multiplican y comienzan a plantear dudas acerca de si existía o no una estructura para delinquir. Luis Gasulla no tiene dudas de que sí.
El periodista (que colabora con Noticias Argentinas y trabaja en LN+ y el portal PeriodismoyPunto.com) es uno de los reporteros que está liderando estas investigaciones y exponiendo los oscuros nexos que unen a la política con organizaciones sociales y “empresarios amigos” del poder.
En este diálogo con Newsweek Argentina, explica por qué estas causas podrían develar una serie de metodologías utilizadas por la gestión del Frente de Todos para quedarse con fondos públicos, especialmente de cara a las elecciones de 2023. Además, adelantó que irán apareciendo nuevas evidencias y casos a medida que se revisen todos los contratos firmados por la pasada administración, especialmente en el Ministerio de Desarrollo, al que llama “Ministerio de la Corrupción”.
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En las últimas semanas comenzaron a hacerse públicas diversas denuncias de corrupción que involucran al Gobierno de Alberto Fernández. Algunas de estas han sido investigaciones suyas. ¿Cree que son hechos aislados o se trata de una estructura para delinquir?
– La gran mentira de Alberto Fernández fue haber asegurado que él era una persona distinta, transparente, honesta, y que durante su Gobierno no hubo corrupción. Todo lo que veníamos investigando durante el Gobierno de Alberto Fernández se termina corroborando en los primeros 100 días de Javier Milei. ¿Qué significa? Que existieron áreas muy oscuras de la gestión anterior, áreas en las que no quedó negocio por hacer. No solo en lo que tiene que ver con el círculo cercano de amigos de Alberto Fernández, como se vio en el caso de la tercerización de los seguros y los negocios con el Estado, sino también lo que yo llamo “el Ministerio de la Corrupción”, y que es el ex Ministerio de Desarrollo Social. Desde allí se hicieron grandes negocios.
¿Qué tipo de negocios?
– Estaba dividido en tres grandes partes. Una tiene que ver con los negocios que hacía Emilio Pérsico, a través de los planes PotenciAr Trabajo y los distintos convenios que él firmó como funcionario. Sus organizaciones sociales, sobre todo el Movimiento Evita, recibían así millones de pesos para realizar cursos de capacitación, que es otro gran negocio de corrupción realizado durante la gestión anterior. La segunda gran pata de corrupción es la del Fundo de Integración Social Urbana, el famoso FISU. Lo veníamos investigando y el Gobierno de Milei lo terminó de denunciar, aunque con varias idas y vueltas, porque colocaron al frente del FISU a un funcionario que negó que se hubiesen hecho negocios con las obras. Está comprobado: alcanza con ir a los lugares de las obras y ver que no se habían realizado correctamente, como el caso de las obras en Luján o en distintos otros lugares del Conurbano y el interior. Y la tercera son los convenios firmados directamente entre los funcionarios del ministerio de Tolosa Paz y cooperativas fantasma o vinculadas a la política, como pasó en el caso de los guardapolvos.
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¿Puede contar brevemente en qué consistió este último presunto delito?
– En el caso de los guardapolvos se comprobó que hubo 600.000 guardapolvos que desaparecieron. El Gobierno en 2023 mandó a hacer 1,3 millones de guardapolvos; 600.000 desaparecieron. Y se pagó por ellos. La pregunta es por qué el Gobierno tiene que producir guardapolvos a través de convenios que no fueron compras directas, sino con organizaciones sociales creadas para ese negocio.
El caso de los “guardapolvos fantasma” se ha vuelto emblemático. ¿La denuncia es que no solo no se controló que el proveedor cumpla con el contrato y entregue los guardapolvos, sino que pone en duda el método de contratación?
– Es más grave todavía: hubo un sistema para delinquir. Desde el Ministerio de Desarrollo se armaron convenios con 42 cooperativas cercanas al Gobierno de Fernández para producir guardapolvos.
¿Qué es lo que hizo el Gobierno anterior antes de firmar esos convenios? Emilio Pérsico le pidió al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) saber cuál era el precio más económico para la producción de un guardapolvo individual. Ese precio que le dio el INTI al Gobierno, que eran $4.300 por unidad en enero de 2023, es el mismo que presentaron las cooperativas amigas. ¿Cómo sabían cuál era el precio de cada guardapolvo?
Tenían la información desde dentro del propio Gobierno. Además, con pocos días de diferencia entre la solicitud de la cooperativa para producir guardapolvos y la aprobación del convenio pasaron solo 15 días. Imaginate: yo, Luis Gasulla, me presento ante Tolosa Paz y le digo que quiero producir guardapolvos; en 15 días me lo aprueban y me dan $710 millones para hacerlos…
¿A quién respondían estas cooperativas?
– Algunas de estas cooperativas, como denunciamos en “La Cornisa”, responden a exfuncionarios de Quilmes investigados por la justicia federal, por el armado de cooperativas truchas.
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¿En qué instancia está esa investigación?
– Este miércoles fue sorteada la causa y la tiene el Juzgado Federal N°2 de María Servini de Cubría; y el fiscal que investigará esto es Carlos Stornelli.
¿Qué puede significar que haya recaído en el juzgado de Servini de Cubría?
– Significa que tiene una importante oportunidad ante la historia de reivindicarse. Respecto a la causa de los gaurdapolvos, por ejemplo, pocas veces el periodismo te acerca todas las pruebas de un hecho. Todas. Si los guardapolvos se entregaron o no ya es anecdótico. El tema es si existió una organización orquestada desde oficinas del Estado para delinquir a través de una usina de facturas truchas y de evasión fiscal. ¿Por qué se arman cooperativas? Porque pagan menos impuestos y es mucho más sencillo evadir. Por otra parte, lo que nosotros descubrimos es que existían unas oficinas ubicadas en la calle Belgrano al 400, donde los funcionarios armaban cooperativas y les daban el negocio llave en mano a los cooperativistas amigos de los funcionarios de turno, para hacer grandes negocios, como los guardapolvos, en un año electoral.
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¿Hay posibilidades de que esto escale por encima de Tolosa Paz en el organigrama nacional?
– Yo creo que políticamente está claro, porque Tolosa Paz era la candidata para vicepresidenta de Alberto Fernández, fue su candidata en la Provincia de Buenos Aires en la elección de mitad de término, fue su ministra de Desarrollo Social y es la esposa del amigo que le prestaba el departamento a Alberto Fernández, que es Pepe Albistur.
¿Entonces cree que el fiscal y la jueza tienen chances de investigar a Alberto Fernández, como ocurre en el caso de los seguros tercerizados?
– Si hacen una mega-investigación que no solo tenga que ver con los guardapolvos sino con todos los convenios firmados por el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Tolosa Paz y toda la participación que tuvieron los dirigentes sociales ligados a Alberto Fernández (acordate de que él en un momento ellos se pelean con Cristina Kirchner y pasan a responder directamente a Alberto Fernández), vas a encontrar una matriz de corrupción, y esa matriz no podría haber sido ignorada por las altas esferas del Poder Ejecutivo. Con la causa Vialidad pasó lo mismo: Cristina no firmaba los contratos de Lázaro Báez, sino sus subalternos. Pero Lázaro Báez estaba ahí por orden del kirchnerismo, de Cristina y Néstor. Y acá Tolosa Paz estaba por orden de Alberto Fernández. Leo Moyano era el secretario de Articulación dentro del Ministerio de Desarrollo, o sea, el que firmaba los convenios, había sido colocado en diciembre de 2023. Era un hombre de Tolosa Paz. Esa caja la manejaba antes Laura Alonso, una de las dirigentes preferidas de Cristina, de La Cámpora. Le sacan esa caja a La Cámpora para que la maneje el albertismo.
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¿Qué rol jugaban los movimientos sociales en todo este entramado que señala?
– Controlar la calle. Extorsionar. Contener a la pobreza generando una pobreza estructural y militante, que tenía que aplaudir a un Gobierno que empobreció a la gente. Nunca antes creció la pobreza como durante los cuatro años de Alberto Fernández. Dejaron una herencia enorme. Había que contener a los dirigentes sociales y los hicieron funcionarios, les dieron grandes cajas. Controlaron la construcción de viviendas, la obra pública, los planes PotenciAr Trabajo, los convenios. La gran caja del Gobierno anterior fue manejada por dirigentes sociales. Esa es una manera de disciplinar a las clases más vulnerables.
¿Cuál es el hilo del cual hay que tirar para comenzar a develar estos y otros presuntos actos de corrupción por parte del Gobierno anterior?
– Hay que revisar cada contrato que se firmó durante los últimos cuatro años en el Ministerio de Desarrollo Social. Hay que analizar cada una de las contrataciones del Ministerio de la Mujer. Hay que revisar todos los planes de vivienda, desde los Casa Propia hasta los del FISU. Los fondos fiduciarios hay que mirarlos uno por uno. Y también cómo era la distribución de los recursos para intendentes y gobernadores, en los cuales hubo una total discrecionalidad durante el Gobierno de Alberto Fernández.
