La interna de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo este domingo, cuando la diputada Lourdes Arrieta reveló la trama de cómo se gestó la polémica visita de diputados a represores en la cárcel de Ezeiza, y los proyectos de ley que buscaban aprobar para liberarlos.
La legisladora, que quedó en la mira del partido luego de pedir que se investigue al legislador libertario Beltrán Benedit y al presidente de Diputados, Martín Menem, por dicho encuentro, publicó en sus redes sociales varias capturas de pantallas y fotos con detalles y nombres de los implicados en la reunión con Alfredo Astiz y otros condenados por crímenes de lesa humanidad.
“No más impunidad. Como dijo el Presidente, Javier Milei, es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los genocidas”, comenzó el primer hilo, en el que contó cómo comenzó a gestarse esta visita.
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Según las capturas, todo comenzó en febrero por una iniciativa del cura Javier Ravasi, quien creó un grupo de WhatsApp llamado “Comida informal con el Padre Javier x milit”. Él fue apuntado como el nexo entre los diputados libertarios, abogados y jueces.
Entre los que se encontraban en ese grupo estaban Arrieta había algunos de los diputados como Beltrán Benedit, acusado de ser organizador junto con Ravasi; Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Fernanda Araujo; Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Celeste Ponce y María Emilia Orozco, entre otros.
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Además, fueron parte del mismo los abogados Ricardo Saint Jean, Laura Olea, Edgardo Frola y Enrique Munilla; como también Eduardo Riggi, exjuez de la Cámara Federal de Casación.
De acuerdo al relato de Arrieta, Olea fue quien compartió a los diputados dos proyectos de ley “con el fin de regular el plazo razonable de los procesos y modificar la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y Procesal Penal; y una decreto reglamentario para incluir causas de lesa humanidad”.
De los chats se desprende que la abogada remarcó que uno de los proyectos, que apuntaría a obligar a los jueces a conceder la prisión domiciliaria a los mayores de 70 años que se encuentra en cárcel común, “deliberadamente a fin de evitar objeciones no se hace referencia expresa a las causas por delitos de lesa humanidad, pero las alcanza”; mientras que en otro sobre extinción por plazo razonable “si se hace mención expresa a las causas de lesa humanidad”. “Los que están en cárceles irían a domicilio y muchos obtendrían la libertad”, aseguró la letrada.
Las conversaciones también involucran a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien según habló con Benedit para que a los diputados que quieran visitar a los represores en Campo de Mayo, Ezeiza y Marcos Paz “se les facilite el ingreso sin inconvenientes”.
El diputado libertario aseguró que también dialogó con Fernando Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal elegido por Bullrich, quien “nos facilitará el acceso a los penales”.
Tras el primer encuentro de los legisladores con Ravasi, este comentó en el grupo que los proyectos de ley que se trataron “no sería solo para los militares”, sino que también alcanzaría a “muchos legisladores, políticos, empresarios, etc, que durante las últimas dos décadas se han visto envueltos en actividades non sanctas”. Sin embargo, consideró que “es un win-win”, y señaló que Benedit y Alida Ferreyra “se comprometieron a ver la posibilidad de llegar con este planteo a Javier Milei para presentarle el proyecto”.
Un detalle es que en varios momentos, el cura remarca a quienes se encuentran en el mismo que el chat “es reservado” y pide que no se reenvie el material porque “el secreto de este tema es el secreto”.
Uno de los chats que muestra a Ravasi como organizador de los encuentro.
Luego de que el 17 de julio se dio a conocer públicamente el encuentro entre legisladores libertarios y represores, la diputada Ferreyra comentó que “elaboramos un comunicado los que fuimos el jueves y desde el ejecutivo no nos autorizan a publicar”, ya que consideraban que “la noticia termina mañana”.
“Claramente, estos diputados tienen otra agenda, y no reparan en tildar al Presidente de blando por temblarle el puso al no imponer la agenda que ellos proponen. Entonces ¿a quién responden? Si admiten que el Ejecutivo los frenó, ¿quién es su líder político?”, arremetió Arrieta.
En ese sentido, la legisladora hoy cuestionada mostró capturas de otro chat creado el 13 de julio, días antes del escándalo, el cual tenía como fin “armar un comunicado de prensa y la forma de comunicar las fotografías”. En el mismo Guillermo Montenegro advirtió que desde el Gobierno le pidieron que “no saquemos el comunicado y no hablemos con la prensa, los van a llamar a cada uno”, a lo que Benedit respondió “qué papanatas”.
Incluso, en el mismo Ferreyra criticó que en una de las notas publicadas sobre el tema “nos dejan como boludos que no hacemos nada sin permiso de Martín (Menem) o del Ejecutivo”, y se jactó de haber ido a Campo de Mayo a visitar represores con Benedit “nadie supo” de ese encuentro.
Los chats con críticas al Gobierno por no permitir que se difunda un comunicado
Montenegro apuntó que “visitar presos y cárceles no es delito” y que “la izquierda va a decir cualquier cosa”, pero que le preocupa que “nuestro sector político (La Libertad Avanza) se vuelve cómplice con nuestro silencio”. “Al único que le sirve nuestro silencio es a Bornoroni (jefe del bloque de la libertad avanza y ladero de Martín Menem)”, agregó Ferreyra, quien reclamó que se debe publicar “urgente el comunicado” sobre el tema porque “en el bloque dudo que nos defiendan si no nos defendemos nosotros”.
Pese a los comentarios en privado, Arreta mencionó que en ese chat se intentó gestar un “operativo limpieza” en el que se pidió a todos los involucrados “borrar las fotografías, para poder tapar al máximo lo que había sucedido y negar la visita”.
Sin embargo, la legisladora aseveró que “siempre puse en conocimiento de mis autoridades lo que pasó”. En ese sentido, le manifestó a Santiago Cossimano, vocero de Menem en el Congreso, su necesidad de “expresar y contar lo que había pasado en mis redes”. Este le recomendó que “tenga paciencia, que el tema estaba pasando”, aunque señaló que esperaba que “no se filtren” las fotos, las cuales según comentó habían sido vistas por el titular de la Cámara de Diputados.
✋🏻NO MÁS IMPUNIDAD
Como dijo el Pte @JMilei, es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los Genocidas. Además de contarles el papel que jugó el padre Ravasi y sus links con diputados, abogados y jueces. Abro hilo 🧵 👇🏻— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 25, 2024
LOS PROYECTOS DE LEY PARA LIBERAR REPRESORES
Luego del revuelo que generaron sus dos extensas publicaciones, Lourdes Arrieta fue más allá y dio a conocer el contenido de los proyectos de ley que intentaban llevar al Congreso para liberar a los represores de la última dictadura condenados por delitos de lesa humanidad.
Uno de ellos, llamado “Proyecto plazo razonable”, menciona: “Incorpórase el inciso 8 del artículo 59 del Código Penal Argentino, ley 11.179, el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘Transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo’”.
📌 Del grupo se WhatsApp, se desprende PROYECTO PLAZO RAZONABLE. 🧵 pic.twitter.com/HUPMbv0l77
— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 26, 2024
En sus fundamentos, señala que “la doctrina establece que pasado un tiempo excesivo de tramitación de un proceso penal, aun cuando no hubiere operado la prescripción, la acción penal debe entenderse agotada por insubsistencia”, y considera “inconstitucional la prolongación indefinida de los procesos”.
También se presentó otro proyecto de decreto para Javier Milei, el cual establece que “con independencia del criterio que cada Tribunal Nacional o Federal fije respecto del tiempo en el cual debe operar la garantía del juzgamiento de una persona en un plazo razonable, o que le sean determinados a los ciudadanos sus derechos en un plazo razonable, se fija en veinticinco años el plazo máximo que tendrá el Estado para arribar a una sentencia definitiva en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada a una persona”.
📌 …Y terminan con un DECRETO REGLAMENTARIO. pic.twitter.com/kXTzwQXcP6
— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 26, 2024
“El término regirá desde la fecha de comisión del ilícito o desde la mayoría de edad si la víctima fuere un menor, y su cómputo se suspenderá en caso que la Nación sufra la interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres Poderes”, agrega.
En ese sentido, señala que “vencido el plazo máximo fijado, operará la extinción de la acción penal por insubsistencia conforme la garantía establecida por la doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación y el art. 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incorporado a nuestro sistema legal por ley 23.313”. Sin embargo, esta garantía “no operará en favor de las personas que se encuentren prófugas de la Justicia o hayan sido declaradas rebeldes en los procesos de que se trate al momento de la sanción de la presente”.
