Luego de brindar sus últimas palabras en la causa Vialidad, la vicepresidenta Cristina Kirchner publicó un documento en el que mostró sus pruebas sobre las acusaciones hechas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Tras adelantarlo en su exposición frente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, la exmandataria compartió el texto en sus redes sociales, titulado “Las Veinte Mentiras de la Causa Vialidad”.
La primera de ellas está relacionada a la acusación de que “Néstor Kirchner y Cristina Kirchner asignaron fondos a la provincia de Santa Cruz para obras viales de manera ilegal y arbitraria”.
Según la vicepresidenta, “ninguna de las 51 obras investigadas en la causa resultó improductiva o innecesaria”, y que “las decisiones en materia de inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos políticos y no existe ninguna norma jurídica que fije límites sobre cómo se debe llevar a cabo su distribución”.
También se refirió a los proyectos de ley de Presupuesto que habrían sido “diseñados de manera arbitraria e ilegal” durante sus tres gobiernos, los cuales asegura cumplieron con “todos los controles legales y financieros y contó con la intervención de todas las oficinas competentes”.
En ese sentido, sumó que “la Fiscalía nunca convocó como testigos al juicio ni a los Ministros de Economía del período 2003-2015 ni al personal técnico que cumplió funciones dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública”.
La tercera mentira que menciona fue que “el Congreso de la Nación tuvo una participación marginal en la sanción de las leyes de presupuesto”. Al respecto, remarcó que las declaraciones de ex Jefes de Gabinete, legisladores y otros funcionarios demostraron que esta ley fue “una de las normas más debatidas en el Congreso”.
Además, remarcó que “jamás se presionó o coaccionó” a los diputados y senadores para aprobar estos proyectos, algo que resaltó “quedó probado en el juicio, incluso con las declaraciones de Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez”.
“Se acreditó que incluso la propia oposición durante los ejercicios 2010 y 2011 presentó proyectos de presupuesto alternativos que incluían las mismas obras que son cuestionadas en esta causa”, agregó.
También afirmó que “todos los decretos que ampliaron partidas” para la provincia de Santa Cruz “fueron expresamente validados por el Congreso de la Nación”, y estos contaron con “los controles de legalidad practicados por los servicios jurídicos”.
Cristina también remarcó que se acreditó que el Decreto N° 54/2009, acusado de haber sido emitido “con el propósito de que se asignaran fondos a las empresas de Lázaro Báez”, constituyó “una simple norma de asignación de funciones”. “El decreto no tenía relación alguna con la asignación de fondos para ninguna obra vial en particular”, agregó.
En la misma línea, negó que Néstor Kirchner y ella hayan hecho “uso de las decisiones administrativas, cuya competencia corresponde a los Jefes de Gabinete, para redireccionar recursos económicos en favor de Lázaro Báez”.
Lo prometido: las Veinte Mentiras de la Causa Vialidad. https://t.co/GIaFV0GAT4
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 29, 2022
“Todos los ex Jefes de Gabinete declararon bajo juramento de decir verdad que jamás recibieron instrucciones por parte de NK o CFK para que direccionaran partidas presupuestarias para financiar proyectos viales en la provincia de Santa Cruz”, resaltó.
Además, publicó que los testigos citados “descartaron que hubiesen existido interferencias desde la Presidencia de la Nación para que estas decisiones administrativas beneficiaran a Santa Cruz y menos a un empresario en particular”, además que las partidas no solo aumentaban, sino que también bajaban de acuerdo a las necesidades.
Con respecto a la posibilidad de que el Congreso no tuviera conocimiento sobre el destino de las partidas del presupuesto, aseveró que en el juicio se probó que “las obras investigadas fueron informadas”, como también que la fiscalía “deliberadamente ocultó” las medidas aprobadas por el Poder Legislativo que “desmiente el argumento de que fueran subvaluadas”.
En el punto 11, explicó que “no hubo ningún pago efectuado a las empresas de Lázaro Báez o a cualquier otro contratista que no estuviese debidamente registrado”. “La Fiscalía jamás solicitó ninguna medida de prueba que demostrara tan siquiera que al menos un legislador votara afirmativamente las Cuentas de Inversión en contra de su voluntad”, recriminó.
En otros puntos, mencionó que en 2015 se “redujeron considerablemente las partidas presupuestarias” para la provincia patagónica, además que en ese año “no se hizo ningún pago en favor” de Báez, quien además tenía “una gran cantidad de certificados de obra impagos”, según consta de los documentos de la DNV realizados durante la gestión de Mauricio Macri.
Con respecto al “plan limpiar todo”, que fue mencionado por el fiscal Luciani en su alegato, remarcó nuevamente que la nota periodística que fue utilizada como prueba de un encuentro entre ella y Báez en Santa Cruz se publicó el 29/11/2015 y no el 30 como lo mencionó la querella.
Además, el día que presuntamente Cristina mantuvo esta reunión, participó de un acto público en Río Negro “que fue transmitido en vivo y en directo para todo el país”; y que los mensajes extraídos del teléfono de José López, exsecretario de Obras Públicas, demostraban que este “mantenía una relación mucho más que fluida” con Nicolás Caputo, amigo de Macri. “Todos estos datos fueron deliberadamente ocultados durante el alegato de Mola y Luciani”, sumó.
La vicepresidenta hizo foco también en la acusación de que las relaciones entre Báez con Néstor y ella “eran actos ilegales que encubrían el retorno de ganancias ilícitas”, dado que los contratos presentados como pruebas “ya habían sido denunciados muchos años antes, determinando la justicia que no constituían ilícito alguno”.
“La justicia determinó con autoridad de cosa juzgada que las relaciones comerciales entre la familia Kirchner y una persona o empresa que tuviera contratos de obra pública con el Estado no suponían ningún conflicto de intereses ni mucho menos un ilícito penal”, remarcó.
Cristina negó que haya dado órdenes para adjudicar “de manera ilegítima obras viales” a Lázaro Báez, ya que la Presidencia “no tiene competencia alguna en los procesos de licitación, ejecución o pago de los proyectos viales investigados”.
Lo mismo hizo con los dichos de que ella y su marido “utilizaron abusivamente el aparato estatal” para concentrar la obra pública en un mismo empresario, aduciendo que esto es un “fenómeno que se da en forma generalizada en el resto del país” que fue explicado “detalladamente” por testigos.
En los últimos puntos, hizo referencia a las presuntas leyes provinciales “fundamentales con el exclusivo propósito de que las empresas de Báez ganaran las licitaciones de Santa Cruz”, ya que advirtió que las mismas fueron votadas “libremente” por el legislativo santacruceño.
También resaltó que “la Fiscalía jamás pidió un estudio pericial” para demostrar que “todas las licitaciones ganadas por las empresas de Lázaro Báez se pagaron sobreprecios millonarios”, y que el único estudio relacionado “descartó la acusación de sobreprecios”.
Por último, remarcó que las pruebas del juicio confirmaron que “las demoras que las obras registraban se encontraban debidamente justificadas” y que no tenían “deficiencias constructivas o directamente no se hicieron” por el empresario como mencionaron los fiscales sino que fueron “deliberadamente abandonadas durante el gobierno de Mauricio Macri, lo cual generó el verdadero perjuicio para el Estado”.
