El oficialismo está a un paso de conseguir la aprobación de una sumamente modificada Ley Ómnibus, pero que aún así contiene una gran cantidad de reformas profundas en innumerables frentes. Al mismo tiempo, el DNU se encamina a un cada vez más anunciado rechazo, ya sea a manos de la Justicia o del Congreso. Y hoy, miércoles 24 de enero de 2024, la CGT realiza su primer paro general en años, el primero contra la administración de Javier Milei, cuando todavía no van ni dos meses de gestión.
Pero el complejo escenario de la política ni siquiera se asemeja en gravedad a la situación que viven los ciudadanos argentinos, especialmente los más vulnerables, cuyos ingresos son pulverizados día a día por una inflación anual del 200%, por la reciente devaluación y por la amenaza de una recesión.
Según la CGT, la CTA, los partidos de izquierda, los movimientos sociales y los dirigentes opositores, las medidas anunciadas por Milei desde que asumió no parecen mostrar un horizonte próspero sino, por el contrario, una senda de “mayor pauperización”, porque buscar “desregular completamente el mercado” con un fuerte “impacto social”.
Para entender mejor a de qué hablan estas voces al referirse al “impacto social” del paquete de normas incluidas en la Ley Ómnibus y el DNU, Newsweek Argentina conversó con Daniel Arroyo, diputado nacional por Unión por la Patria, exministro de Desarrollo Social y un reconocido experto en el tema “pobreza”.
TRES TEMAS CRÍTICOS
Para Arroyo, entre muchos otros, hay tres temas que considera que tienen un impacto grave y directo sobre los argentinos en situación de mayor vulnerabilidad.
Y el primero de los temas ni siquiera figura en la agenda de los grandes medios, ni del discurso de los políticos oficialistas y opositores. Sin embargo, el diputado lo considera “central”.
“Un gran problema es no poner un tope a las tasas de interés de las tarjetas de crédito. El primer problema hoy de la Argentina es el endeudamiento de las familias. A la gente no le alcanza la plata y se endeuda. Primero paga el mínimo de la tarjeta y va para adelante. Después va a la financiera de la esquina, o al que vende droga y tiene billetes, y toma crédito al 500% de interés anual. Y arranca el mes siguiente en menos diez, pagando lo que no tiene”, relató.
En ese sentido, explicó que “lo que hace el Gobierno con el DNU es quitar el tope a las tarjetas de crédito y les permite a los bancos cobrar la tasa de interés que quieran, lo cual es absurdo; en ningún lugar del mundo existe eso”. “Se pone en los bancos una tasa muy alta, y eso tira para arriba al resto de las tasas. Hay un problema serio de endeudamiento familiar. De hecho, gran parte de los problemas sociales en América Latina vienen por ese lado”, agregó.
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En segundo lugar, situó a la problemática de las prepagas. Pero, ¿de qué manera afecta eso a la gente más pobre? Arroyo argumentó: “No me refiero solo a las prepagas más conocidas, que son un tema sobre todo de la clase media que se va empobreciendo y a la que no le alcanza, sino también a que en buena parte del país, y especialmente en el Conurbano, existe la prepaga que en realidad tiene una ambulancia, y la gente la paga para una emergencia. Desregular las prepagas complica la vida a gran parte de la gente en los barrios, que necesita una atención directa”.
Sobre este punto, el legislador justicialista añadió: “Quedó todo desregulado. El concepto del decreto es ‘el mercado a lo bestia’, sin ningún tipo de regulación. Al quedar desregulado, se carteliza: se ponen de acuerdo las cuatro principales prepagas y se establecen criterios de este tipo”.
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Finalmente, el tercer impacto que Arroyo destacó es el que tiene que ver con las jubilaciones. “Otro aspecto complicado, crítico, es la situación de los jubilados”, sostuvo, y continuó: “En esencia, el Gobierno presentó un proyecto que luego modificó. Hoy las jubilaciones se actualizan cada tres meses por una ‘fórmula de movilidad jubilatoria’, que tiene un peso grande para armar el índice de los ingresos, es decir, cuánto deben aumentar. El Gobierno lo que está haciendo es cambiarla. En marzo, cuando se tiene que hacer la próxima actualización por esa fórmula, los jubilados perderán mucho, porque la inflación estuvo muy por encima de los aumentos de salario. Y después quieren, a partir de abril, retornar al sistema de actualización por inflación».
“El tercer punto es que hay una pérdida clarísima de ingresos por parte de los jubilados. El Gobierno hizo un acuerdo con el FMI para achicar mucho el gasto y llegar a los dos puntos de superávit primario. La única forma que tiene de hacer eso es haciendo que las jubilaciones pierdan fuertemente su capacidad de ingreso, porque el 60% del gasto en Argentina es seguridad social”.
EL EXPERIMENTO ARGENTINO
Más allá de sus advertencias respecto al fuerte impacto social de las medidas y de su anticipado rechazo a la Ley Ómnibus y al DNU, Daniel Arroyo admitió que la gente votó un cambio y que es necesario realizar reformas.
“En Argentina se está haciendo un experimento. Sí creo que la Argentina necesita más mercado, promover inversiones, ampliar la torta productiva. Eso lo necesita claramente. Pero necesita las dos cosas: más mercado y mejor Estado. La gente ha votado un cambio, sobre todo cansada y agotada del Estado. Pero no está promoviéndose eso”, expresó.
Y prosiguió: “De hecho, lo que están haciendo con las retenciones es castigar el valor agregado. Nosotros no tenemos que solo exportar materia prima. No hay que exportar solo soja, sino aceite de soja, el procesamiento, porque eso es lo que genera empleo. A todo eso le están subiendo retenciones. No veo que sea por ahí, es un experimento absurdo el que se está haciendo en Argentina. El presidente es anarco-capitalista en serio. Para él el rol del Estado no existe, y eso no tiene ningún sentido. Es muy desequilibrada la Ley”.
Además, sostuvo que el paquete normativo afecta a una gran cantidad de sectores, sin argumentos fiscales justificables. «El proyecto tiene aspectos que toca a varios sectores: la cultura, la salud mental, los farmacéuticos, el turismo. Y todos son afectados de manera absurda, sin que tenga ningún impacto fiscal; no es que le mejora los números o los recursos al Estado, sino que la ideas es desregular a lo bestia, a como dé lugar», insistió.
EL PARO Y EL DEBATE
Por último, Newsweek Argentina le consultó al exfuncionario del Gobierno de Alberto Fernández por el paro general de la CGT y, sobre todo, sobre el efecto que podría tener en los próximos movimientos del arco político.
Arroyo contestó: “Creo que la movilización va a ser muy masiva, porque excede en mucho a la CGT. No es que solo van a movilizar los trabajadores que están industrializados y organizados a través de la CGT, sino que van a estar todos los afectados. La cultura, el turismo, las economías regionales, sectores que en general no hacen movilizaciones”.
Pese a ello, se mostró cauto en relación a su resultado. “No sé qué impacto tendrá en los diputados y diputadas, en la mirada del Gobierno. Es difícil entender la racionalidad de este Gobierno, que busca generar un acuerdo con otros bloques -lo cual es lícito y lógico (no con el mío, yo voy a votar en contra)- y a la vez los insulta”, aseguró.
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Pero aún así vislumbra que el proyecto de ley será aprobado luego de varias modificaciones: “Entiendo que el Gobierno está tratando de acordar un dictamen de mayoría, juntando al PRO, al radicalismo, a los bloques provinciales, al bloque de Pichetto, y tiene chances de hacerlo. Puede construir una mayoría sacando algunas cosas de la Ley. Hay cosas que son brutales: el artículo 1 que cambiaron lo que hacía era darle la suma del poder público al presidente por dos o cuatro años. Pero van a mejorar parte de esas cosas y pueden construir mayoría con los mismos a los que vive insultando”.
Un caso diferente es, sin embargo, el del DNU. Directamente, Arroyo cree que será rechazado. “Es evidente que es inconstitucional. Uno no puede a través de un decreto derogar, modificar, transformar 300 leyes. Tanto el DNU como la Ley Ómnibus parecen una tesis universitaria. Uno se puso a escribir ‘a mí me parece que esto funciona así y blablabla…’, y dijo ‘a partir de mañana esto funciona así.
“El DNU es inconstitucional, y ahí ni siquiera conformaron la comisión bicameral, por lo tanto, tenemos que ir al recinto, y entiendo que se va a rechazar. O lo rechaza la Justicia declarándolo inconstitucional o lo hará el Parlamento. Es algo obvio”, exclamó.
Y, por último, concluyó: “Una cosa es que haya un temporal en Bahía Blanca y se haga un DNU para atender la situación; o que haya emergencia alimentaria y se busque contención; pero otra es cosa es que, diciendo que ‘hay necesidad y urgencia’ se reformatee todo, hasta cosas tan absurdas como que los clubes puedan ser sociedades anónimas”.
