El Gobierno de Javier Milei continúa manteniendo en la discusión pública la política educativa al anunciar que las universidades nacionales comenzarán a cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que no residan en el país. Esta medida busca aliviar lo que el vocero oficial Manuel Adorni calificó como una “carga adicional” para el sistema educativo. Pero, ¿realmente los estudiantes extranjeros representan un peso significativo para el Estado argentino?
El costo por estudiante es de $1.900.000 anuales en promedio.
Según los últimos datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el costo anual promedio por cada estudiante universitario en las instituciones públicas de pregrado y grado es alrededor de $1.900.000. Esta cifra, que refleja los recursos destinados a los estudiantes en universidades nacionales, representa una disminución del 30% respecto al año anterior, cuando el gasto era de $2.725.965.
Estudiantes extranjeros en las universidades
De acuerdo con la Secretaría de Educación, en 2022, los estudiantes extranjeros representaron el 4,1% de los alumnos en carreras de pregrado y grado en las universidades argentinas, lo que equivale a 104.998 personas. Esta proporción es aún mayor en los programas de posgrado, donde los estudiantes extranjeros alcanzan el 9,9% de la matrícula.
Aunque los estudiantes extranjeros constituyen una minoría en comparación con los locales, para el oficialismo el costo de su formación no pasa desapercibido. A pesar de esto, el porcentaje de estos estudiantes en relación con el total de la matrícula es relativamente bajo, lo que implica que el sistema sigue siendo predominantemente local, aunque la presencia extranjera ha ido en aumento desde 2015.
El contexto de la inversión educativa y su evolución
El análisis de la ACIJ también muestra que la inversión por estudiante universitario ha experimentado fluctuaciones a lo largo de los años. Durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, la inversión por alumno creció un 47,5%, alcanzando los niveles más altos de la última década.
Sin embargo, bajo la presidencia de Alberto Fernández, esta inversión sufrió una caída significativa del 27,27%. En 2024, el gobierno de Javier Milei continúa con esta tendencia de ajuste, llevando los niveles de inversión por debajo de lo registrado en los ultimos años del siglo.
La medida y sus implicancias
El anuncio de cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes en universidades públicas ha generado polémica. Manuel Adorni, vocero del Gobierno, explicó que esta medida tiene como objetivo “aliviar la carga” sobre los recursos del Estado, argumentando que los estudiantes internacionales representan un gasto significativo para el sistema.
Quienes se oponen a esta medida argumentan que las universidades públicas se financian con los impuestos nacionales, los cuales son pagados por todas las personas que residen en el país, sin importar su nacionalidad.
Además, señalan que en Argentina no existe un impuesto específico destinado al financiamiento universitario. En cambio, el presupuesto de estas instituciones proviene de tributos generales, como el IVA, que es abonado por cualquier individuo, incluyendo a aquellos que visitan el país por poco tiempo, como los turistas.
Esta decisión ha encontrado oposición entre diferentes sectores, como organizaciones estudiantiles y académicas, que defienden la apertura y accesibilidad de las universidades argentinas, además de destacar que los estudiantes internacionales también contribuyen al país, tanto económicamente como en la diversidad y el enriquecimiento cultural que aportan al sistema educativo.
El futuro de la educación pública
Este debate no solo pone en la agenda el tema de los costos educativos, sino también la sostenibilidad de un sistema universitario que históricamente ha sido gratuito y accesible para estudiantes.
La medida del Gobierno de cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes marca nuevamente un punto de inflexión en la política educativa de Argentina, generando un debate enmarcado también en el reciente veto a la Ley de Financiamiento Universitario y aportando un nuevo punto en la discusión sobre el equilibrio entre la financiación del sistema y los principios de inclusión del sistema educativo argentino.
