Esta semana el Indec dio a conocer el informe titulado “Indicadores de condiciones de vida de los hogares en 31 aglomerados urbanos”, con un alarmante resultado: 1,5 millones de personas en el país viven en asentamientos sin agua, gas, cloacas y otros servicios básicos.
Además, el 4,1% vive en condiciones de hacinamiento crítico; un 5,6% vive cerca de basurales; y un 8,1% lo hace en zonas inundables. Todo esto, en un marco de creciente pobreza: el último dato del organismo estadístico marcó un 4,7% que corresponde al segundo semestre de 2023. Pero la aceleración inflacionaria de diciembre y el primer trimestre de 2024 sin dudas habrán incrementado esa cifra. A tal punto preocupa esta situación que el presidente Javier Milei deslizó esta semana un dato estremecedor: mencionó al pasar un 60% de pobres.
Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo durante el Gobierno de Alberto Fernández y un ampliamente reconocido experto en el tema “pobreza”, dialogó con Newsweek Argentina para analizar las causas de esos dramáticos números que reflejan las pésimas condiciones de vida de una parte importante de la población.
“Estamos hablando de gente que vive en el siglo XIX, que no tiene lo básico y que tiene que ir al siglo XXI”, describió, y analizó el impacto que podría tener la Ley Bases en relación a la producción, el empleo y la obra pública.
Un informe del Indec señala que 1,5 millones de argentinos no tienen acceso a la red de gas, a cloacas y a otros servicios básicos. ¿Esto refleja la realidad de lo que ocurre en el país?
– La Argentina tiene el Renabap, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, e incluye 5.700 barrios, donde viven 5 millones de personas y que corresponden a lo que conocemos como villas, barrios y asentamientos. Allí o no tienen agua, o servicios básicos, o cloacas, o pisos de material, o lo mínimo. Dentro de eso está el dato del Indec. El gran desafío de la Argentina es urbanizar esos barrios. Estamos hablando de gente que vive en el siglo XIX, que no tiene lo básico y que tiene que ir al siglo XXI. Hay una ley para eso, que es la Ley del Renabap, justamente, que se votó en 2017, cuando yo era diputado de la oposición y voté a favor, como creo que votamos todos. Se creó un fondo para llevarlo adelante. Hoy eso tiene dificultades para eso, porque forma parte del recorte general del Gobierno. No lo va a hacer tampoco el sector privado porque no es rentable para ninguna empresa privada urbanizar barrios en situaciones muy críticas, donde las personas claramente no tienen como pagarlo. Es tarea del Estado, y yo espero que se pueda reconstruir un mecanismo para que el Estado urbanice los barrios. Esa es la tarea central.
¿Cree que el Gobierno de Milei, más allá de la difícil situación actual, tiene voluntad de llevar adelante esas obras?
– No, el Gobierno de Milei tiene la voluntad de que la obra pública la haga el sector privado. Y el problema es que hay dos tipos de obra que el sector privado seguro no va a realizar. Una es la urbanización de villas, barrios y asentamientos, porque no le es rentable, no recupera su inversión. Y segundo, las obras menores en pequeños lugares, porque tampoco le es rentable. Van a llevar a cabo obras que les son rentables, y eso me parece bien. Pero hay un rol del Estado que tiene que ver con las zonas rurales, con pequeños municipios y con las villas, barrios y asentamientos. No está viendo el Gobierno que eso es claramente un rol del Estado, y que tiene que presupuestarlo y hacerlo.
Hay un problema anterior a las obras: ¿por qué las personas se asientan en estas villas, barrios y asentamientos? ¿Son las mismas razones que a fines del siglo XIX y principios del XX? ¿Es un problema habitacional?
– No solo es habitacional. En la década de 1940 la gente migraba a los grandes centros urbanos (a Rosario, a Córdoba, al Conurbano bonaerense), básicamente porque conseguía trabajo. Pasaba a ser “trabajador de cuello azul”, de la industria metalmecánica o automotriz. Hoy siguen migrando, pero no porque consigan trabajo, sino porque hay una escuela con comedor escolar y un centro de salud. No solo está concentrada la población; están concentrados los servicios en Argentina. Entonces, una persona migra a Rosario desde lugares en donde, en principio, no había tantas situaciones de violencia, porque allí accede a servicios básicos.
Para mí, lo primero que tenemos que lograr es una red federal de escuelas, centros de salud, servicios básicos, en un país que tiene 6.000 kilómetros de largo, 24 provincias y 2.200 municipios. Eso va a permitir desconcentrar. Si no, aún en una situación crítica, la gente va a migrar, porque todo el mundo entiende que donde hay gente, hay oportunidades.
Si alguien se va a un lugar del Conurbano bonaerense sabe que la pasa mal, pero sabe que hay tanta gente que, si vende algo, alguien le va a comprar. Si no logramos rearmar ese esquema de servicios, va a ser difícil que se desconcentre la población.
Esta semana el presidente deslizó al pasar que en el país podría haber “un 60% de pobres”. ¿Ve eso como un escenario probable?
– El último dato del Indec, al 31 de diciembre, fue del 41,7%. Casi un 42% de pobreza. Hoy claramente la pobreza es mayor, porque subieron fuertemente los precios, hubo una devaluación, hay una inflación muy alta. Y, si sube el precio de los alimentos, sube la pobreza. Hay que ver qué hace el Gobierno, pero en la próxima medición no creo que la pobreza llegue al 60%, pero sin lugar a dudas va a subir de manera significativa. La próxima medición, que se dará a conocer en septiembre, va a medir qué pasó en la Argentina al 30 de junio de este año.
Probablemente el martes próximo se apruebe la Ley Ómnibus. ¿Cree que es una herramienta que puede ayudar a reducir la pobreza o que puede incrementarla?
– Primero, yo creó que hay conseguido una mayoría para lograr votar tanto la Ley Bases como el paquete fiscal. Yo voy a votar en contra de ambas leyes. Segundo, no hay ningún elemento ahí que apunte a reducir la pobreza, ni a mejorar el sistema educativo, ni a achicar la desigualdad, ni a generar trabajo. Porque objetivamente los cambios que han hecho no van en ninguna de esas direcciones. Y la política pública hasta acá lo que está haciendo es aumentar la pobreza y la desocupación. No solo hay pérdida de empleo en el sector público, sino también en el privado. No. La Ley Bases va a desregular la actividad económica, va a generar cambios en general negativos y algunos que no están mal, pero que no van a reducir la pobreza. Este esquema que lleva adelante el Gobierno termina dejando dos tercios de la población afuera.
El modelo central del Gobierno es ‘vamos a una recesión, con una caída de la actividad económica, una caída del empleo, una caída del consumo’, sobre el supuesto de que eso estabiliza los precios. Es teoría. Puede ser. Si la gente no tiene plata es probable que los precios no sigan subiendo. Pero eso deja a parte de la población afuera.
El argumento del Gobierno para impulsar esta ley es que justamente favorecería la creación de empleo y eliminaría distorsiones.
– Para que haya menos pobreza tiene que haber cinco sectores productivos que funcionen mucho: construcción, textil, producción de alimentos, cuidado de personas y reciclado. Para que haya menos pobreza tiene que haber más trabajo. ¿Y de qué trabajan los sectores más pobres? Son mano de obra intensiva de estos cinco sectores. Esos sectores productivos hoy están expulsando trabajadores, no creando nuevos. La construcción está en caída, no en crecimiento. La industria textil está dejando afuera trabajadores, no incorporando. Los sistemas de cuidado, que trabajan en casas particulares, están en achique. Parece difícil, objetivamente reducir la pobreza, porque esos cinco sectores, que deberían ser muy demandantes de mano de obra, y hasta acá estamos viendo lo contrario.
