La Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) efectuó una denuncia penal contra el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, por no llevar adelante una investigación administrativa interna en su área respecto a irregularidades desarrolladas en el Gobierno de Cambiemos. Por esos hechos, fue procesado y próximo al juicio oral Nicolás Ducoté, exintendente de Pilar.
Ferraresi fue denunciado por brindarle una supuesta protección a Ducoté y otros funcionarios de la gestión anterior, acusados del delito de «administración infiel en perjuicio de la administración pública» a raíz de haber recibido fondos para la construcción de viviendas y otras obras que nunca se hicieron.
Sergio Rodríguez, presidente de la PIA, denunció a Ferraresi «por no ordenar la instrucción de un sumario administrativo tendiente a la determinación de los hechos que pudieran constituir delito, eventuales responsabilidades de funcionarios del ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación como así también un posible perjuicio a las arcas públicas».
Lo que la entidad le reclama al funcionario es no haber investigado en el interior del Ministerio de Vivienda las responsabilidades que facilitaron que se cometiera el delito que se le atribuye a Ducoté.
En ese sentido, el organismo hizo hincapié en «la necesidad de instruir una investigación en sede administrativa a los efectos de determinar la plataforma fáctica sobre la cual se efectuarán las imputaciones disciplinarias a los distintos funcionarios públicos del entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda que, de acuerdo con los deberes inherentes a sus cargos, por lo menos, omitieron controlar o controlaron deficientemente la rendición de cuentas efectuadas por la Municipalidad de Pilar en el marco de los tres convenios celebrados».
En esa línea remarcó que «surge a las claras que, al no ordenar la investigación de los hechos en cuestión, (Ferraresi) incumplió con el deber de control que le competía» y agregó que «máxime cuando surge indefectiblemente de la causa penal la insuficiencia de los controles debidos, permitiéndose así una afectación del tesoro nacional y el normal funcionamiento de la Administración Nacional».
La institución recalcó que en el transcurso de l2021 y 2022 «instó en reiteradas oportunidades la iniciación de un sumario administrativo a efectos de deslindar las responsabilidades de los funcionarios o agentes presuntamente involucrados, así como la determinación del presunto perjuicio fiscal» y añadió que «ampliamente cumplido el plazo de intimación sin haberse obtenido respuesta por parte de la Administración, corresponde realizar la presente denuncia dado que Ferraresi se encuentra incumpliendo un deber del cual es titular»-
La investigación quedó en manos del juzgado federal número seis, cuyo titular es Daniel Rafecas, y fue registrada bajo el número 2660/2022.
En su página web de noticias, el Ministerio Público Fiscal precisó que denunció al ministro por «por incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a un funcionario público».
En ese contexto, resaltó que «la actuación de la PIA en el expediente judicial reveló una gran cantidad de irregularidades que daban cuenta de comportamientos delictivos por parte de los funcionarios públicos intervinientes en la tramitación de los convenios» y añadió que «en virtud de aquellas irregularidades detectadas por la PIA, entre las cuales se advertía la falta de control en las rendiciones de cuentas aprobadas por el ministerio, se impulsó en reiteradas oportunidades la formación del sumario administrativo, sin que el funcionario denunciado cumpla con las obligaciones legales de su cargo».
«En la denuncia al ministro Jorge Ferraresi, formulada ante la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pone de manifiesto que su conducta omisiva resulta jurídicamente relevante en dos sentidos», indicó y detalló que «en primer lugar, el incumplimiento de la Ley Orgánica del Ministerio Público en función de los requerimientos efectuados. «Por otro lado, la Procuraduría advirtió que lai omisión deliberada de no ordenar la instrucción de sumario impide conocer sobre la existencia de los hechos, la identificación de posibles funcionarios responsables y la determinación de un eventual perjuicio fiscal», finalizó.
