Luego de una jornada complicada por el acampe que organizaciones sociales realizaron en la avenida 9 de Julio, desde la oposición denunciaron penalmente a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.
La presentación judicial fue realizada por el precandidato a Jefe de Gobierno porteño, Roberto García Moritán, quien los acusó de “entorpecimiento de servicios públicos”, “perturbaciones al ejercicio de la función pública” y “encubrimiento”.
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“No podemos aceptar que la mafia piquetera nos siga extorsionando a los que trabajamos, producimos e invertimos. Quiero ser jefe de Gobierno para que los porteños tengamos de una vez por todas orden y libertad”, expresó en su cuenta de Twitter.
El integrante de Republicanos Unidos hizo hincapié no solo en los cortes de tránsito de las agrupaciones piqueteras por el acampe, sino que también dijo que “procedieron a tomar por la fuerza algunas oficinas públicas en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, impidiendo la actividad de los funcionarios públicos por aproximadamente 7 horas”.
“Si los manifestantes impidieron o estorbaron el uso del edificio para las actividades de los funcionarios públicos a fin de satisfacer sus exigencias, se habría configurado un atentado a la autoridad”, expresó en el escrito.
Además, advirtió que, en tal situación, Tolosa Paz debía “instruir que se realice la correspondiente denuncia para que tomen intervención el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad”. “La omisión de denuncia constituye una modalidad de encubrimiento”, agregó.
En ese sentido, Moritán aludió al artículo 194 del Código Penal que reprime con tres meses de prisión a quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
También al artículo 241, que establece una pena para quien “impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de sus funciones”; y al 277, que castiga con prisión de seis a tres meses a quien “no denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal”.
“En razón de lo expuesto, solicitamos se investiguen los delitos denunciados y, oportunamente, se apliquen las más severas sanciones penales que correspondan”, finaliza la denuncia.
La causa fue sorteada este miércoles y recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Rafecas.
