Tres economistas y ex funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri fueron denunciados penalmente por “traición a la patria”, tras ser acusados de haber pedido al Fondo Monetario Internacional (FMI) que no brinde nuevas ayudas a la Argentina en lo que resta del mandato de Alberto Fernández.
La presentación judicial fue realizada en la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, contra Hernán Lacunza, Guido Sandleris y Alfonso Prat Gay.
La denuncia se realizó tras los dichos de Sergio Chodos, director argentino ante el FMI, quien tildó a tres economistas del “gobierno anterior” de “antipatrias”.
Sin dar nombres, dijo de los apuntados que “uno que tiene a su esposa de directora haciendo trading, uno sospechado de lavado, y uno que declaró el default con nombre coqueto, llamaron a distintos funcionarios del FMI para pedir que no le den plata a la Argentina en este gobierno”.
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Según consignó Télam, Sánchez Kalbermatten denunció a Lacunza, Sandleris y Prat Gay por “usurpación de títulos”, y los delitos de “traición a la patria” agravado por la “finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobierno extranjeros o agentes una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlos”.
La presentación judicial menciona que “la noticia relata que tres economistas vinculados a la gestión del gobierno pasado les habrían pedido a funcionarios del organismo multilateral que no brinden asistencia a la Argentina hasta que asuma una nueva gestión y de esta manera negociar con otros funcionarios”.
Además, explicó que por “la descripción efectuada” por Chodos “se sostuvo que se trataría de Hernán Lacunza, Alfonso Prat-Gay y Guido Sandleris y que con esa estrategia estarían buscando que empujar el país hacia un ‘default’”.
“Aunque el comportamiento descrito no incluye específicamente el uso de armas contra la Nación, podría interpretarse que las gestiones realizadas para evitar que el país obtenga un desembolso de dinero del FMI están destinadas a dañar la economía del país y, por lo tanto, a menoscabar su integridad y estabilidad económica”, agregó el abogado.
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