La Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave en la que el oficialismo intentará obtener media sanción para la Ley de Ficha Limpia. Con el quórum garantizado por la presencia de los libertarios, el PRO, la UCR, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Innovación Federal y otros, el debate se encuentra polarizado entre los dos grandes bloques políticos: los libertarios (más aliados) y los kirchneristas. La sesión, programada para las 10, promete intensas negociaciones y posibles modificaciones al proyecto inicial.
El oficialismo estaría dispuesto a ceder parte del articulado a los bloques dialoguistas.. Mientras tanto, el kirchnerismo se mantendrá unido en su postura contraria al proyecto.
En las últimas horas, el oficialismo trabajó para garantizar el quórum necesario, estimando la presencia de al menos 135 diputados en el recinto. Este esfuerzo incluyó una reunión en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, con representantes de distintos bloques dialoguistas, entre ellos La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Encuentro Federal e Innovación Federal.
Mientras los libertarios y sus aliados impulsan un proyecto que impediría la candidatura de quienes tengan condenas en segunda instancia, Unión por la Patria promueve un dictamen que establece que ningún candidato podría ser proscripto hasta que la Corte Suprema de Justicia emita un fallo definitivo.
El apoyo conseguido por el oficialismo le otorga una ventaja para avanzar con el proyecto, que podría afectar la situación de Cristina Kirchner. No obstante, esto ha implicado negociaciones y cambios específicos en el dictamen de mayoría.
La sesión arranca a las 10 de la mañana y podría extenderse durante 20 horas.
El proyecto “busca garantizar y reforzar el principio de idoneidad en el ámbito electoral y en la gestión gubernamental”. Para lograrlo, propone modificaciones normativas para impedir que quienes hayan sido condenados en segunda instancia por delitos de corrupción puedan ser candidatos a cargos electivos nacionales o desempeñar funciones en la Administración Pública Nacional.
Uno de los cambios destacados es la eliminación del denominado “artículo Petri”, que establecía que la doble condena judicial sería válida si un tribunal la emitía en un año no electoral. Esto significaba no considerar los fallos dictados en años electorales. Para parte de la oposición, esto implicaba discrecionalidad de los jueces sobre las listas, por lo que se optó por eliminarlo para facilitar el avance del proyecto.
Más allá del artículo Petri, otros puntos continúan en discusión, entre ellos los tipos de delitos que resultarían en impedimento y los años de condena requeridos.
Desde Unión por la Patria han expresado su rechazo al proyecto tal como lo presentan los libertarios. La propuesta establece que las personas condenadas por delitos como fraude en perjuicio de la Administración Pública, cohecho, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito, entre otros, serán inelegibles para ocupar cargos públicos o postularse a elecciones.
Asimismo, se estipula que la inelegibilidad se aplicará en los casos en que la condena haya sido confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo al proceso electoral.
La ley afectaría directamente a Cristina Kirchner, ya que su condena en el caso Vialidad fue confirmada por la Cámara de Casación en noviembre de 2024. La Sala IV del tribunal ratificó la condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, fallo que había sido dictado en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 y ratificado en segunda instancia.
Si el proyecto se aprueba tal como busca el oficialismo, la exmandataria quedaría fuera de cualquier postulación para cargos públicos durante el periodo establecido.
La ley de Ficha Limpia no solo impediría que los condenados puedan ser candidatos, sino también que accedan a cargos de alta responsabilidad dentro del gobierno. Esto incluye posiciones como Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, Secretarios, Subsecretarios y autoridades de entes descentralizados, así como funciones en organismos de la Seguridad Social, el cuerpo diplomático y directorios de empresas o entes con participación estatal.
