Este miércoles, el presidente Javier Milei dio a conocer el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con 366 medidas para desregular la economía, que generó diversas reacciones tanto desde el arco político como de la sociedad.
Los DNU son un tipo de norma que solo puede ser empleada por el Poder Ejecutivo, y una vez que se aprueba tiene validez de ley. Si bien solo los emite el presidente, lo hace en consulta de sus ministros y su jefe de Gabinete.
De acuerdo al artículo 99 de la Constitución Nacional, inciso 3, este tipo de mecanismo pueden utilizarse “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”. Además, no pueden tratar normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos.
Una vez firmado, el jefe de Gabinete tiene diez días para presentar la medida a la Comisión Bicameral Permanente, la cual está compuesta por ocho diputados y ocho senadores.
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Dicha comisión debe elaborar un dictamen, el cual será enviado dentro de los diez días a cada cámara para su tratamiento. El Senado y la Cámara de Diputados solo podrá expresar su apoyo o rechazo al DNU, y de ser rechazado por ambas, quedará sin validez.
Sin embargo, cabe mencionar que a diferencia de las leyes que se aprueban en el Congreso y luego entran en vigencia, en los Decreto de Necesidad y Urgencia es al revés: tienen vigencia antes de pasar por el Parlamento.
