En medio de la disputa entre el presidente Javier Milei y el gobernador Ignacio Torres, la Justicia falló a favor de la provincia de Chubut y Nación deberá restituir los fondos retenidos.
El fallo del Juzgado Federal N°1 de Rawson, a cargo del juez Hugo Ricardo Sastre, dio lugar a una “medida autosatisfactiva” para disponer el “cese de la retención que -en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial- la demandada viene realizando sobre las sumas que ha de percibir aquella en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos”.
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Eso, indicaron, “hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso”.
Además, exhortó a Chubut y Nación a que “arbitren medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables, que no importen el compromiso de servicios esenciales del estado provincial”.
La medida fue tomada sobre los $13.500 millones de pesos que el Estado nacional le retuvo a Chubut como parte de una deuda, que generó fuertes cruces entre Nación y la provincia.
En el fallo, el juez consideró que “al guardar silencio ante las solicitudes de refinanciación y autorización de endeudamiento efectuadas por la provincia del Chubut, el Estado Nacional habría perdido de vista los principios constitucionales antes mencionados de buena fe y lealtad federal, que impedían adoptar medidas intempestivas que afecten seriamente a los restantes sujetos del sistema”.
En ese sentido, mencionó que “respecto a la automaticidad en la remisión de los fondos la misma tendría a evitar el bloqueo de los recursos usados como herramienta de presión política a las provincias por parte del gobierno federal”. Y apuntó que “el Estado Nacional estaría bloqueando recursos coparticipables como herramienta de presión política a la provincia del Chubut”.
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“Habiendo el Estado Nacional asistido financieramente a un Gobierno Provincial saliente, con mayor razón debería apoyar y flexibilizar su política de saneamiento y refinanciación de deudas públicas provinciales -accionar que habría sido aplicado a la provincia en el pasado cercano, tan solo distante doce meses atrás-, máxime cuando tampoco ha variado el marco normativo”, remarcó el juez.
Además, consideró que Nación tuvo un obrar “irracional, así como contrario a la finalidad de la norma que constituye el Fondo y a la que dispone la refinanciación de la deuda ahora en pugna”.
“Encontrándose en una posición claramente dominante, decide ignorar las peticiones de refinanciamiento efectuadas por la Provincia, obviando el estado de emergencia que atraviesa. A su vez omite adoptar medidas paralelas que amortigüen los efectos negativos que en la economía. En efecto, una medida de tal naturaleza repercute negativamente en las arcas provinciales, poniendo en situación de riesgo el cumplimiento de funciones esenciales”, agregó.
