El Gobierno determinó que los presos que estén en cárceles federales deberán trabajar pero su labor no será remunerada.
La decisión fue comunicada por el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, mediante la disposición 1346/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La resolución precisa que «la ejecución de la pena privativa de la libertad tiene, entre otros fines, el de procurar la reinserción social y la reducción de la reincidencia».
Y agrega que «las personas privadas de la libertad no son víctimas sino victimarios de la sociedad en su conjunto y, en ese entendimiento, el esfuerzo estatal debe estar orientado a que reparen el daño causado y adopten hábitos orientados al reconocimiento de su responsabilidad individual».
Sostiene que «la ociosidad de los internos conlleva al aumento ostensible de los índices de violencia y alteraciones al orden, a la vez que resulta funcional a una subcultura carcelaria vinculada al delito, contraria a la legalidad y a los fines de la reinserción social».
Por eso, «con el fin de reparar el daño causado a la sociedad y compensar los recursos invertidos por el ESTADO NACIONAL en la articulación de un tratamiento penitenciario efectivo, es necesario que la totalidad de la población penitenciaria, en cualquier instancia de alojamiento que se encuentre, realice las actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes».
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En consecuencia, «corresponde que todos los internos alojados en el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL participen en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios (..).»
El texto detalla que «estas actividades podrán ser llevadas a cabo durante cinco horas diarias y no serán remuneradas».
Por último, indica que «el Servicio Penitenciario Federal elaborará planes y cronogramas específicos de las tareas asignadas y controlará su cumplimiento».
