Según pudo saber este medio, el gobierno prepara un decreto con una parte de las reformas que tiene para esta etapa de la gestión. En el centro de la escena se ubican la reforma migratoria, una profunda modificación del sistema tributario, y en como prioridades, la reforma laboral y la previsional, ambas impulsadas como parte del compromiso con el acuerdo firmado con el FMI.
Aunque las declaraciones del Fondo Monetario hacen foco en los logros iniciales del plan económico argentino, como la desinflación y cierta recuperación económica, también señalan que aún persisten vulnerabilidades estructurales. En ese marco, las autoridades buscan avanzar con un nuevo paquete de reformas que, aseguran, consolidaría la estabilidad macroeconómica y fortalecería el vínculo con los mercados de capitales.
Una de las primeras medidas que podría materializarse es la reforma migratoria.
Según pudo confirmar este medio, el Gobierno trabaja en un decreto que endurecería los requisitos para la residencia de extranjeros en el país y para la obtención del pasaporte argentino. La iniciativa también apunta a facilitar los procesos de deportación de quienes residan de forma irregular y, especialmente, para quienes cometan delitos, priorizando su expulsión inmediata.
Además, se establecería la obligación de que los extranjeros sin residencia permanente comiencen a pagar por los servicios públicos, especialmente en salud y educación.
El presidente Javier Milei había anticipado sus intención de avanzar en este tema durante la apertura del período de sesiones ordinarias, y además se había referido a otros puntos de su agenda como los cambios en el código penal. En ese sentido, el oficialismo también proyecta avanzar este año con el proyecto presentado que establece una baja en la edad de imputabilidad.
Otra de las reformas clave es la tributaria. El Gobierno quiere hacer una reestructuración integral del sistema impositivo nacional, que implicaría la eliminación de hasta el 90% de los impuestos actuales.
El objetivo sería consolidar un esquema de tan solo seis tributos, eliminando, entre otros, el monotributo y absorbiéndolo en un sistema más amplio. Podría eliminarse el monotributo y aunque esto podría simplificar el entramado fiscal, también implicaría una mayor carga para los pequeños contribuyentes si no se contemplan escalas de ingreso.
En paralelo, el Ejecutivo estudia la reforma previsional que propondría un aumento de la edad jubilatoria —de 60 a 65 años para las mujeres y hasta 70 para los hombres—, junto con un cambio en el método de cálculo de los haberes. La nueva fórmula se basaría en el 60 o 65% del salario actualizado de los últimos diez años, lo que, en la práctica, implicaría jubilaciones más bajas para quienes se incorporen al régimen bajo esas condiciones. También se estudia limitar las pensiones por discapacidad y viudez.
Desde el Gobierno aseguran que el objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema.
Respecto de la reforma laboral, el objetivo es profundizar los cambios establecidos con la intención sería flexibilizar el mercado laboral para mejorar la competitividad y facilitar la contratación en el sector privado.
En este contexto, el Gobierno busca conseguir un superávit primario más alto que el previsto. Según entienden en la Casa Rosada, eso permitiría al país estar mejor preparado para hacer frente a eventuales shocks externos pero también de índole local.
Mientras se espera la publicación del primer decreto, el Gobierno se muestra decidido a continuar avanzando con reformas estructurales, incluso en temas de sensibilidad social. El oficialismo cree que esto no va a profundizar tensiones sociales porque considera que conformó su núcleo duro.
Aunque la sociedad aún digiere los efectos del ajuste, el mensaje oficialista es claro: la etapa de los cambios más profundos recién comienza.
