El Gobierno nacional derogó el DNU de Alberto Fernández que obligaba al Estado a contratar pólizas con Nación Seguros, el cual derivó en el escándalo de los seguros en el que se investiga una presunta corrupción.
La medida fue establecida en el Decreto 747/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Esta medida dejó sin efecto el Decreto 823/21, firmado por Alberto Fernández, el cual establecía que las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N°24.156 a “implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de Nación Seguros S.A. en todas las ramas en que esa institución opera”.
Actualmente, el expresidente está siendo investigado por presunta corrupción, ya que se detectó que la contratación de estos seguros contaban con la intermediación de brokers cercanos a su entorno: uno de ellos es Héctor Martínez Sosa, esposo de su histórica secretaria María Cantero, ambos también imputados en la causa.
Sin embargo, el decreto de Javier Milei también derogó otros DNU que obligaban al Estado a pagar los haberes del personal estatal a través del Banco Nación; contratar a YPF para la provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales; y utilizar Aerolíneas Argentinas para los viajes de los funcionarios.
“Corresponde que las jurisdicciones y entidades contratantes prioricen la utilización de procedimientos abiertos, a efectos de lograr una mayor competencia y concurrencia de oferentes, en miras a obtener la oferta más conveniente”, expresaron en la normativa.
Además, el Gobierno solicitó un “relevamiento de los contratos, convenios o acuerdos para la provisión de bienes y servicios celebrados con empresas en las que el Estado Nacional sea accionista”. En ese sentido, las jurisdicciones y organismos deberán presentar un informe dentro de los próximos 30 días hábiles “que deberá comprender los contratos o convenios vigentes celebrados en el marco de los decretos”.
“Las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional deberán rescindir, en un plazo no mayor a un año desde la entrada en vigencia del presente decreto todos los contratos y convenios que dispongan ventajas u otorguen preferencias o beneficios de acuerdo con lo expresado al momento de producir el informe previsto”, agrega el texto del decreto firmado por Milei.
