En el marco de las reformas del Estado y su plan de privatizaciones, el presidente Javier Milei dispuso por decreto la intervención de los medios públicos.
Luego de darle más poder al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para administrar y controlar los medios de difusión, ahora estableció que estos serán intervenidos por el plazo de un año.
De acuerdo al Decreto 117/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, los alcanzados son el sitio educativo EDUC.AR; la agencia de noticias Télam; Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado; y Contenidos Públicos, que nuclea a la TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar.
“Resulta menester disponer la intervención de las mencionadas sociedades con el fin de definir su conducción y contribuir a optimizar la eficacia y eficiencia de las acciones que cumplen”, justifica la medida.
Diego Chaher fue designado interventor de los medios públicos, quien asumirá este rol “ad-honorem”. Estará acompañado por Diego Sebastián Marias como interventor adjunto, también con un cargo “ad-honorem”.
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Ambos tendrán la labor de elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades; evaluar, modificar el Estatuto para el Personal del organismo y/o aprobar uno nuevo; evaluar, modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias; modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente y de gabinete; revisar la administración de compras y contrataciones”; entre otras tareas.
Además, deberán realizar una auditoría integral “sobre el estado de las instalaciones, bienes que se recepcionan y estado de los mismos”; mantener las sociedades “de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas”; y designar y remover a funcionarios y personal de cada uno de los medios.
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“En caso de detectarse alguna anomalía, el Interventor y el Interventor Adjunto deberán informar con precisión su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, aportándose la totalidad de la información o documentos de trabajo respectivos y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda adoptar”, apunta el decreto.
La normativa enmarca esta decisión en la emergencia pública dictada en el DNU 70/2023, por la cual “resulta necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas” para alcanzar “una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público”.
Dicho decreto también derogó la Ley 20.705 y “dispuso la transformación de las Sociedades o Empresas con participación del Estado en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades”.
