Luego de que la Cámara de Casación Penal ratificó la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el Gobierno le quitó su jubilación y la pensión que recibía por su marido y ex presidente Néstor Kirchner.
La resolución del ANSES fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano a pedido del presidente Javier Milei. En ese sentido, señalaron que “no constituye una sanción accesoria a la condena penal que le fuera impuesta por la justicia, sino una necesaria consecuencia por la indignidad que implica haber sido considerada autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
Por qué Cristina no va a la cárcel a pesar de que ratificaron su condena
“En efecto, el beneficio previsto por la Ley N° 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo. No tiene carácter contributivo esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- sino que constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor”, señalaron.
Tras la condena, el Gobierno consideró que “afecta el presupuesto legal que tiene en miras este privilegio, de por sí discutible”. “Haber sido encontrada culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función como Presidente de la Nación, torna inadmisible que pueda seguir percibiendo asignaciones de privilegio que le fueron otorgadas con carácter excepcional y extraordinario por un supuesto buen desempeño y por el honor del cumplimiento de su función presidencial”.
“Por todo ello, un elemental respeto a la coherencia de la gestión de gobierno y de las consecuencias que debe tener la comisión de esta clase de delitos que atentan contra el sistema democrático (art. 36 CN) por quien tuviera a su cargo los destinos y administración de la Nación, justifica la medida adoptada”, afirmaron.
Además, mencionaron que “la ejemplaridad que la pérdida de estos privilegios tiene para la sociedad entera y para la clase política que debe recuperar los valores éticos e institucionales que supieron cultivar nuestros próceres y padres fundadores”.
