A través de un decreto, el Gobierno nacional decidió limitar la cantidad de beneficiarios a programas sociales, con el objetivo de vinculas los planes con la generación de empleo genuino.
El presidente Alberto Fernández firmó la normativa, que entrará en vigencia a la brevedad, la cual establece que no se otorgarán nuevas altas en los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial.
Según informaron desde Casa Rosada, los montos que iban a ser destinados a estos programas “serán destinadas a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral”.
La firma del decreto se dio tras una reunión del jefe de Estado con el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros de Economía, Sergio Massa; de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos.
Con esta normativa, se continuará con el programa Puente al Empleo, creado a través del decreto Decreto 551/2022, que busca transformar a los programas sociales en trabajo registrado.
Tolosa Paz destacó que “el reconocimiento de la economía popular empieza a tener una definición clara: hay un techo a la incorporación de más personas al Potenciar Trabajo”.
La ministra de Desarrollo Social señaló que esta medida se acordó no solo con las distintas áreas del Estado, sino que también con los movimientos sociales. “Lo que buscamos no es ahorrar partidas presupuestarias, sino redistribuir las bajas en políticas concretas de apoyo”, remarcó.
En ese sentido, explicó que la meta es brindar herramientas “que amplíen las capacidades productivas de esa enorme cantidad de hombres y mujeres que necesitan el Potenciar Trabajo, pero mucho más necesitan el acompañamiento del Estado para entrar en un sendero de producción de bienes y servicios”.
El decreto establece también la integración del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC), el cual será integrado por los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo y de Economía, junto con las organizaciones que forman parte del Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica.
Tolosa Paz destacó que así buscan “dialogar en un marco de institucionalidad sobre la agenda de la economía popular”. “No somos un Gabinete que toma medidas mirando puertas adentro, sino más que nunca en articulación para poder abrazar al conjunto de los hogares en la Argentina”, agregó.
Por otro lado, la normativa también otorgará el 30% de la Obra Pública Nacional, con montos de hasta $300.000.000, para favorecer a las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular “bajo la modalidad de contratación que corresponda”.
Además, instruirá a la Oficina Nacional de Contrataciones para que incorpore en los pliegos de bases y condiciones generales un “margen de preferencia para los oferentes que acrediten un mínimo del 5% de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al programa Puente al Empleo”.
