El gobierno nacional oficializó la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Lo hizo a través del Decreto 89/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, con el fin de avanzar en la desregulación del sector.
De acuerdo a la normativa, la medida estará vigente por el plazo de 180 días, el cual podrá ser prorrogado “por única vez” por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete.
Juan Martín Ozores fue nombrado interventor, quien actuará como representante legal del Enacom. Junto a él estarán Patricia Zulema Roldán y Alejandro Fabio Pereyra como interventores adjuntos.
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La normativa menciona que el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/23, “declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025”, y que “en consonancia con los lineamientos expresados por dicha norma, resulta necesario tomar las medidas necesarias para afianzar el proceso de desregulación” en el sector de las comunicaciones.
Además, remarca que “a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones adoptadas por el Enacom, que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”, que “han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas”.
Por tal motivo, el presidente Javier Milei consideró intervenir el organismo con la necesidad de “llevar a cabo una ordenada y completa investigación de su actuación”.
Según el decreto, los interventores deberán elaborar un informe de estado de situación del Enacom; relevar “la totalidad de los procesos judiciales y administrativos en los cuales participe o esté involucrado como parte, tercero, o potencial tercero interesado”; y también “relevar” a la actual estructura para “proponer” las modificaciones necesarias.
Con respecto al DNU 690/2020 que declaró el acceso a Internet, telefonía móvil y cable como servicios públicos esenciales, el gobierno solicitó un informe que “analice las consecuencias que trajo aparejadas”.
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También buscan “determinar una reorganización funcional y operativa” para “fomentar una mayor profesionalización y eficiencia del Ente”; y determinar acciones “tendientes al ordenamiento del régimen del personal del Ente en cuanto a su condición de revista”.
La normativa señala que se van a redefinir aquellas regulaciones “que por su obsolescencia o por su contenido demoran y dificultan el avance tecnológico y hacia la convergencia de sistemas del sector de las TIC y de los servicios audiovisuales”.
En ese sentido, se actualizará “la normativa fundamental de los servicios de TIC y de los servicios audiovisuales con el objetivo de propender a la eficiencia, calidad y universalización de acceso a los servicios”.
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El decreto establece además que se va a evaluar “el estado de situación del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA)”.
Por otro lado, se redefinirán “la tramitación de expedientes en cuanto a Transferencias, Multas, Régimen del Reglamento de Clientes, tasas, etc”; y “la asignación de recursos, autorizaciones radioeléctricas, licencias y registros, entre otros, proponiendo y adoptando mecanismos informáticos para agilizar dichos trámites”.
